Las Garzas Blancas, en Rocha, se comercializa como una urbanización con dos kilómetros de playa privada, dijo el abogado Mauricio Fioroni, uno de los promotores del recurso de amparo que reclama un estudio de impacto ambiental.
"El recurso va dirigido a que se haga un estudio de impacto ambiental y que el proyecto se ajuste a lo que el análisis indique", dijo Fioroni a El País.
El lunes se desarrolló la primera audiencia en la sede a cargo de la jueza Jacqueline Enríquez, tras la presentación del recurso que ahora pasó a vista fiscal. Se espera que la resolución se produzca entre el lunes y el martes próximo.
El predio en cuestión de unas 240 hectáreas está entre las lagunas costeras Garzón y Rocha, en el kilómetro 208 de la Ruta 10, entre esa vía y el Océano Atlántico, con lotes de entre 2.000 y 3.500 metros cuadrados.
"No se necesita ser técnico en ciencias ambientales para darse cuenta que la construcción de 500 casas de importantes dimensiones, con sus 2.000 baños y sus 500 pozos negros, sus graseras, sus piscinas, sus muros y cimientos, sus jardines y arboledas, sus decks, etcétera, necesariamente tienen que afectar significativamente, el paisaje, la costa, las cárcavas allí existentes, el suelo, el aire, el agua, fauna, flora, la conformación de la costa a la que accede directamente en un kilómetro y medio de extensión, y ni que hablar de los impactos acumulativos que ello necesariamente acarrea y de las afectaciones del entorno", señala el recurso de amparo presentado por SCU Abogados Sociedad Civil y la ONG Vida Silvestre.
Ambas organizaciones no pretenden que el proyecto no se concrete "sino que simplemente se adapte a la normativa existente en la materia y que no se tolere lo contrario, es decir, que no se adapte la normativa al proyecto", lo que se hizo de "forma alevosa e insistente".
Fioroni dijo que en las brochures para vender los terrenos lo anuncian como con "2 kilómetros de playa privada". Añadió que en los hechos habrá un sólo camino al costado del terreno por el que se podrá acceder a la costa y que estará "escondido".
En el recurso consideran que no sólo la fauna se encuentra en grave peligro de extinción, sino que la vegetación también será "destruida y necesariamente exterminada pues evidentemente no es compatible con jardines, césped, deck de madera, piscinas, barbacoas, cimientos, muros, todo multiplicado por quinientos".
Uno de los informes técnicos realizado por Daniel de Álava y presentado ante la Justicia, señala que "el desarrollo de una planta urbana en suelos vulnerables" produce "un impacto en la dinámica natural de las cárcavas (formas de erosión sobre materiales sedimentarios) con capacidad de incrementar su actividad".
Indica además que "bajo un escenario de mayor densidad urbana, es predecible para la costa de Uruguay que una gran parte de los impactos negativos se incrementen".
Otro de los estudios, realizado por el geólogo Gustavo Piñeiro, afirma que "se prevé la ocurrencia de impactos graves para el medio ambiente". El predio, indica, tiene cárcavas en 25% de su extensión que avanzarán si aumenta la impermeabilización del área y se conducen desagües hacia ellas.
También fundamentan que desde la propia Dirección Nacional de Medio Ambiente surge claramente que el predio "se encuentra en un área protegida, en medio del Parque Nacional Lacustre y de uso múltiple y en plena zona de reserva de biosfera en la delimitación dada en 2004 por los técnicos contratados por Unesco y nuestro país". "Dicha pertenencia a un área protegida no es indiferente al evaluar un proyecto como el de referencia, pues parte de la protección implica limitaciones a sus posibles usos y un plus de cuidado previo a la concesión de cualquier autorización", señalan.
Las organizaciones consideraron además "inconcebible" y "sospechoso" la "negativa rotunda del promotor de someter el proyecto a un estudio de impacto ambiental".
"Resulta grave la omisión de la Dinama y de la Intendencia de Rocha al no exigir que ello se haga, ya que para el porte de la inversión no se trata de un requisito que pueda insumir tanto tiempo y dinero que cambie la ecuación del negocio", afirman.
Y agregan: "Todo hace pensar que dicha negativa, y la omisión de las autoridades en este sentido, responde a que el emprendimiento, tal como está planteado, es muy negativo desde el punto de vista ambiental (por los impactos negativos directos, indirectos y acumulativos que acarrea)".

Critican excepción a norma ambiental
Mediante una flexibilización de la ordenanza territorial departamental de Rocha, que proponía un desarrollo de chacras marítimas de 50.000 metros cuadrados (5 hectáreas), se pasó a un loteo del predio de Eduardo Costantini de 3.000 metros cuadrados, como promedio de los terrenos.
Ahora en el predio del empresario argentino se formalizaron 430 lotes que se venden en hasta un millón de dólares.
El edil nacionalista Alejo Umpiérrez, consideró que se trata de una operativa que "barrió con la ordenanza departamental y también la nacional", "facilitando ganancias que podrían superar los US$ 70 millones de dólares en favor de un empresario privado".
Umpiérrez dijo que el proyecto Las Garzas, presentado por Consultatio, fue calificado por la Dinama como B, es decir, como pasible de eventuales impactos ambientales severos.
Inmediatamente, Jaswick, también controlada por Costantini, presentó un nuevo proyecto ante la Dinama, que lo calificó como A, eximiendo el estudio de impacto ambiental.
Umpiérrez dijo que el proyecto de Jaswick no pasó por Jurídica de Dinama. Añadió que prácticamente no hay diferencias entre los proyectos de Consultatio y de Jaswick, salvo que en este último no afecta la acción de las cárcavas.