Miles de habitantes de la cuenca del bajo Balsas, en Michoacán, enfrentan una grave escasez de agua, lo que profundiza las condiciones de pobreza en comunidades que registran una alta tasa de migración, a lo que se suman factores de riesgo como la baja productividad agrícola y ganadera, así como actividades ilegales generadas por la falta de fuentes de empleo, señalaron especialistas del Centro de Investigación en Geografía Ambiental (CIGA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Morelia.
En conferencia de prensa, Gerardo Bocco, director del CIGA, destacó que la disputa por el agua es una “realidad que viven muchas comunidades, en particular aquellas de alta y muy alta marginación, como las ubicadas en la parte baja de la cuenca del río Balsas, por lo que no se trata de un reto a futuro, sino de una demanda que debemos resolver en el presente”.
Ana Burgos, investigadora del CIGA y responsable académica del proyecto Manejo comunitario del agua en cuencas rurales del trópico seco en Michoacán, señaló que éste beneficia a más de 70 mil personas de los municipios de La Huacana y Churumuco, quienes enfrentan una severa escasez del líquido durante 7 meses al año, pues aunque se ubican en la ribera norte del vaso de la presa El Infiernillo, no pueden acceder al líquido debido a la “veda en el uso de agua para riego superficial”, ya que ésta se utiliza para la generación de electricidad, empleo que es considerado como de seguridad nacional.
La especialista señaló que la escasez hídrica no sólo tiene un impacto en las actividades pecuarias y agrícolas de la región, sino que los 17 municipios que conforman la zona del bajo Balsas “también mantienen ciertas características vinculadas a la delincuencia en el estado, porque sin agua no hay trabajo y las únicas fuentes de ingreso son la migración o las actividades ilegales”.
Por ello, reconoció que en la zona se enfrenta un escenario poco alentador: los asentamientos se abandonan debido a que no hay más agua o se incrementa el conflicto entre los distintos usuarios del líquido.
De su lado, Gerardo Bocco agregó que en las comunidades asentadas en el trópico seco, que se extiende por todo el centro-occidente del país, “se enfrenta un clima de altas temperaturas, escasas precipitaciones, alta y rápida evaporación, y una estación de lluvias concentrada en cuatro o cinco meses”, por lo que la falta de agua no sólo agudiza los conflictos por su control, sino que “también tiene un impacto en las actividades económicas, porque sin agua no hay producción, y sin ella no hay empleos, ni posibilidades de subsistir”.

Presión migratoria
Al respecto, Ana Burgos destacó que uno de los objetivos centrales es identificar los recursos hídricos con que se cuenta y “aprovechar al máximo lo que se tiene con el uso de nuevas técnicas que respondan a las necesidades de la comunidad”.
Sin embargo, reconoció que las presiones por el control en el uso y destino del líquido “son enormes, porque se trata de comunidades que tienen poca agua, en temporadas cortas del año, pero que también enfrentan altas tasas de marginación y migración, que ahora se agudizan, con el retorno de muchos jóvenes que estaban en Estados Unidos y que se ven obligados a volver”.
Por ello, coincidieron en señalar que es “muy importante reflexionar sobre el tipo de desarrollo en la infraestructura destinada para riego, así como para los distintos usos del agua, y contemplar las necesidades de las comunidades que ya enfrentan escasez”.
Señalaron que el proyecto –que cuenta con una inversión de 7 millones de pesos y la participación de investigadores de la UNAM, autoridades estatales y organizaciones civiles– tiene como meta impulsar un uso racional y eficiente de un recurso no renovable, sin el cual “es imposible realizar ninguna actividad económica”.