Dos personas murieron, doce desaparecieron y al menos 1.500 fueron evacuadas ayer en la ciudad de Tartagal, 350 kilómetros al norte de Salta capital, debido a un alud de agua y barro que arrasó con casas, autos y hasta un puente ferroviario, producto de las lluvias torrenciales que cayeron en el norte argentino en los últimos días. Pero también potenciado por la tala indiscriminada de árboles en esa provincia, según denunciaron Greenpeace y varias organizaciones ambientales.
El desmadre del río Tartagal provocó también la falta de energía eléctrica, servicios de telefonía y televisión por cable, por lo que gran parte de la ciudad permaneció aislada. Especialistas y organismos no gubernamentales denunciaron que el fenómeno es una consecuencia de la tala indiscriminada de árboles en esa zona y aseguraron que la situación es más grave que la inundación que sufrió la provincia en 2006.
A causa del derrumbe, la presidenta Cristina Fernández, de visita en España, decidió enviar a Salta a tres ministros nacionales para “hacer una cuantificación del temporal y del desborde, tanto en materia de daños sociales, del tema social y de infraestructura”, informó el jefe de Gabinete Sergio Massa.
Desde Tartagal, el vicegobernador Andrés Zottos, describió que la situación era “realmente grave”. El alud llegó a la parte urbanizada cerca de las 9.30, arrastró las casas de la zona ribereña e inundó viviendas ubicadas en las cuadras cercanas, mientras los habitantes buscaban a familiares y amigos en medio del caos. Fuentes oficiales informaron que la ruta nacional 34 y los caminos vecinales quedaron anegados. El Servicio Meteorológico pronosticó que las lluvias seguirán hasta el miércoles.
Dardo Ibarra, comandante de Gendarmería Nacional, confirmó al diario El Tribuno Digital la muerte de dos personas. Sin embargo, el secretario de Abordaje Territorial de la provincia, Francisco Marinaro Rodó, aseguró que no hubo reporte de víctimas fatales: “Tenemos el reporte de dos mujeres desaparecidas, madre e hija, de 59 y 75 años, que vivían en una de las casas que fueron arrasadas”.
El suboficial mayor Jorge Rueda, de Gendarmería, dijo a Crítica de la Argentina que Defensa Civil mandó refuerzos: “El problema es que perdimos las comunicaciones”, advirtió.
Las autoridades lanzaron un operativo de emergencia para evacuar a los pobladores de los barrios afectados, quienes fueron alojados en escuelas y albergues. El ministro de Gobierno salteño, Antonio Marocco, pidió “que no se ingiera agua de los ríos” en estos días y sostuvo que el gobierno provincial ordenó “embarques de agua mineral”.

Sobran los motivos. Tras las inundaciones que dejaron aisladas varias a comunidades salteñas en 2006, organizaciones ambientalistas advirtieron que era consecuencia de la destrucción de bosques nativos. Consultado al respecto, el experto en meteorología de la ONU Osvaldo Canziani explicó a este diario que el alud es el descenso de nieve o barro, originado por un defecto físico, que se da por movimientos sísmicos o por erosión hídrica. “Por supuesto, esto tiene que ver con el desmonte de las colinas –opinó Canziani–. La gente con deseo de ganar plata está matando a los demás. Lo que pasa en Salta es causado por la deforestación”.
Por su parte, Carina Quispe directora de Área y Conservación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), resaltó que en la Argentina hay un vacío legal sobre el tema: “Tenemos una ley de presupuestos mínimos de protección del bosque nativo pero no hay una reglamentación. Existen intereses para la tala de esos lugares y cada provincia tiene que lidiar con eso. Hay que equilibrar entre los usos económicos y los usos de conservación”, analizó.
Además, Canziani señaló el problema de la ubicación de las viviendas afectadas: “El hombre de pocos recursos va a vivir a las zonas menos propicias, pero no corresponde construir ni deforestar ahí por el cambio climático, sobre todo ahora que el peligro se acrecienta con el calentamiento global”, destacó el especialista.

La comitiva. El gobernador Urtubey viajó a Tartagal junto a su gabinete, y por la tarde lo hicieron los ministros nacionales de Interior, Florencio Randazzo, y de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; y el secretario de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud, Juan Carlos Nadalich, por orden de la Presidenta, quien resolvió, según palabras del jefe de Gabinete, “poner todo el Gobierno en ayuda de la gente y del gobierno salteño”. Por su parte, el vicepresidente Julio Cobos, a cargo del Poder Ejecutivo, se comunicó con el ministro de Gobierno salteño para ofrecer ayuda.

Acusan al gobierno de Salta
La organización ambientalista Greenpeace denunció ayer que las actuales inundaciones en Tartagal “son consecuencia directa del irracional proceso de destrucción al que se encuentran sometidos los últimos bosques nativos argentinos por la falta de una política firme contra los desmontes”, según consignó en un comunicado. “Es importante advertir que los desmontes en esta zona son uno de los principales responsables de esta catástrofe, y la provincia de Salta hace poco por detenerlos, al no dar a conocer el mapa de ordenamiento de bosques y transformar irreversiblemente zonas de uso tradicional indígena”, dijo a Crítica de la Argentina Noemí Cruz, coordinadora de Greenpeace en el noroeste argentino. “En ningún momento se detuvieron los desmontes, excepto los pocos que detuvo la Corte Suprema hace unos meses. Tartagal es una zona de mucha pobreza y vulnerabilidad”, advirtió la ambientalista. En el comunicado, Greenpeace asegura que Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país.

La ley que nunca reglamentaron
La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, aunque todavía no fue reglamentada. Establece que las provincias no pueden emitir permisos de desmonte hasta tanto no hagan un ordenamiento territorial de sus zonas boscosas bajo criterios de conservación. La norma crea un fondo para las provincias con el fin de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a quienes realicen tareas de conservación y fomentar la producción.

OPINIÓN
Tala indiscriminada y alud van de la mano
Miguel Bonasso (diputado nacional)
Si consideramos lo que ocurrió en abril de 2006, basado en opiniones científicas, queda claro que sin el bosque las laderas se vuelven cada vez más débiles y esto favorece los desbordes. Por otra parte, cambia el régimen de lluvias porque está comprobado que las quemas envían a la atmósfera gases contaminantes cinco veces superiores a los industriales. Las consecuencias son imprevisibles y generalmente catastróficas.
Por supuesto que las construcciones en ese lugar acentúan la gravedad de la situación. Existe en todo esto una doble responsabilidad: la del gobernador Juan Manuel Urtubey y la del secretario de Ambiente Homero Bibiloni. Si se comprueba que hay una relación de causa y efecto entre la tala indiscriminada y el alud, hay que señalar con todas las letras que se trata de una acción criminal. El gobernador no ha cumplido sus promesas electorales y se convierte en un continuador de la obra depredatoria de su antecesor y supuesto antagonista Juan Carlos Romero. El responsable de la secretaría de Ambiente, además, tiene una connivencia con el feudalismo de la provincia. Evidentemente, Salta es una provincia feudal. Esconde su feudalismo bajo su escudo de federalismo.
La sojización del país, la deforestación a estos niveles alarmantes y brutales, no son una amenaza para las futuras generaciones sino para los habitantes de hoy en día. Es una amenaza mortal. Una de las cosas peores que resultan de este modelo económico de concentración –porque al lado de los damnificados hay grandes terratenientes– tiene que ver con que son los olvidados de siempre. Hay un sector de nuestra población que está absolutamente desprotegido: las comunidades campesinas, los wichis. Hay una incuria por parte del sector público. ¿Por qué no mandan las cámaras ahí, los mismos que mandan las cámaras a Gualeguaychú? Para que no haya otra tragedia es importante que se expanda la comunicación en los medios. El Estado debería ser, como definición, el refugio de los más débiles. Los campesinos, los ambientalistas, todos los que defendemos el medio ambiente, tenemos que unirnos. Parece que estuviéramos defendiendo el paisaje pero la Argentina está en riesgo de ser deshidratada y también asfixiada: están atacando los glaciares –el agua–, y los bosques, que son los pulmones del país.