La organización ambientalista Greenpeace afirmó que el alud de barro y agua que arrasó viviendas y autos en la ciudad salteña de Tartagal es "consecuencia directa" de la "destrucción" de bosques nativos.
Según especialistas de Greenpeace, la zona inundada "es una de las más afectadas por los desmontes" realizados para "ampliar la frontera agrícola", y sufre "los impactos de la explotación maderera sin control".
En un documento, Greenpeace señaló que, tal como ocurrió en 2006, las inundaciones en el norte de Salta "son consecuencia directa del irracional proceso de destrucción al que se encuentran sometidos los últimos bosques nativos ante la falta de una política firme contra los desmontes".
El informe difundido por los ambientalistas destacó que Salta "es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país", según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
De acuerdo con las estadísticas, la superficie deforestada entre 1998 y 2002 fue de 194.389 hectáreas, pero en los cuatro años siguientes el número se duplicó hasta alcanzar las 414.934 hectáreas.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explicó: "La gran cantidad de desmontes para producir soja [realizados en los últimos años] en la zona cercana a Tartagal son una de las principales causas de las inundaciones. Las altas precipitaciones, sumadas a la pérdida de cobertura vegetal, incluso casi a la vera de los ríos, generaron un verdadero cóctel destructivo".
La ausencia de la vegetación propia del lugar, según el especialista, hizo que la estructura de las laderas se volviera cada vez más inestable, dejara de garantizar una retención suficiente de agua y se acelerara el escurrimiento superficial del territorio.
Los desmontes en Salta, según resaltó el grupo ambientalista, aumentaron durante 2007, cuando el gobierno local autorizó el desmonte de más de 400.000 ha, al mismo tiempo que el Congreso aprobó la ley de bosques, todavía sin promulgar por la presidenta Cristina Fernández.
En diciembre, la Corte Suprema de Justicia respaldó un recurso de amparo presentado por comunidades originarias salteñas y ordenó a las autoridades locales suspender la tala de árboles.