El senador nacional Juan Carlos Romero, quien durante su gobernación permitió la tala indiscriminada de bosques en la provincia de Salta, presentará ahora junto a un grupo de legisladores un proyecto de ley para que, entre otras solicitudes por las consecuencias del alud, se declare la emergencia social y económica por 180 días de Tartagal y se prohíban en forma definitiva los desmontes en la cuenca del río homónimo.
Lo curioso es que el ahora ecologista senador desoyó durante años el reclamo de las comunidades originarias que tuvieron que recurrir a la Justicia para impedir el desmonte de 807 mil hectáreas que durante su gobierno había sido autorizado.
En diciembre pasado, la Corte Suprema de la Nación avaló el pedido de las 18 comunidades azotadas por la deforestación y suspendió el avance de los 195 pedidos de desmonte que entre los años 2004 y 2007 el ex gobernador había habilitado en los terrenos de cuatro departamentos salteños.
A pesar de la insistencia de los afectados, el actual senador nacional aprobó además el desmonte de casi medio millón de hectáreas poco tiempo antes de la sanción de la Ley Nacional de Bosques del 28 de noviembre de 2007, que establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial de sus zonas boscosas.
De todos modos, al no estar reglamentada la ley nacional y debido a las modificaciones introducidas por los legisladores salteños a la ley de ordenamiento territorial, según técnicos del Consejo Superior de la Universidad de Salta se permite la prórroga por tres años de las autorizaciones ya otorgadas para el desmonte y el achicamiento de las áreas protegidas a los márgenes de los ríos, medidas que van contra el espíritu de la ley.
Con respecto al proyecto de ley que será presentado mañana también por la senadora Sonia Escudero y Juan Agustín Pérez Alsina, incluye además el pedido de una partida de 50 millones de pesos para paliar la emergencia económica y social de la zona afectada por el alud.