"Las inundaciones producidas en Salta en 2006 ya señalaban que la deforestación salvaje en la zona, promovida por los gobernadores de turno, estaban causando efectos en el ecosistema" señaló quien fuere el mentor de la Ley de Bosques -iniciativa para proteger el patrimonio forestal de la tala indiscriminada- sancionada por el Congreso hace un año y 2 meses pero que aún no fue promulgada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. "Los troncos que hoy vemos flotando por la ciudad no cayeron así naturalmente por el alud, son vestigios del desmonte, producidos por la industria sojera y maderera" aseguró Bonasso.
El diputado remarcó que "los bosques son murallas de contención para el deslizamiento de las aguas", y agregó que su tala no sólo afecta el medio, sino "también las quemas que se producen después de los desmontes, que envían altísimas emisiones de dióxido de carbono y otros gases, y que afectan al cambio climático cinco veces más que las industrias". Ello, apuntó Bonasso, contribuye al cambio en el régimen de lluvias.
En 2007 el Congreso aprobó la Ley de Bosques, que debería haber sido promulgada por el
Ejecutivo en un plazo máximo de 90 días. "Hace un año y dos meses que el Ejecutivo incumple con su obligación, y (el Secretario de Medio Ambiente) Homero Bibiloni dice ahora que para reglamentarla tiene que discutirlo con la Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), que preside -casualmente- el salteño Julio Nasser, quien junto con el ex gobernador Juan Manuel Urtubey permitió el desmonte en su provincia" manifestó. Y recalcó que "en un fallo ejemplar, la Justicia el año pasado frenó 18 desmontes que se iban a producir en comunidades wichis de Tartagal, gracias a una antropóloga que los defendió y luego, por ello, quedó cesante en la Cofema".
Todo esto, según Bonasso, se vincula con el incumplimiento del Ejecutivo, "el único en falta con este tema, no así el Congreso ni la Justicia". Ante la actual situación "de peligro" y "ecocidio brutal y drástico" permitidio por las leyes, apuntó el diputado, "ocurrirá cualquier desastre natural en cualquier lugar y momento del país".
El legislador se manifestó a favor de que Argentina se declare en Emergencia Forestal, ya que "de 150 millones de hectáreas de bosques que teníamos actualmente nos quedan sólo 31 millones, es decir que los bosques se redujeron en 1/5". Aunque, admitió que las dilaciones del Gobierno Kirchner se deben a "compromisos políticos y de negocios que se utilizan por encima de los intereses comunes". En este sentido, atribuyó también el reciente veto de Cristina a la Ley de Glaciares a los "compromisos de Kirchner con el PJ, con Urtubey y con (el gobernador de San Juan, José Luis) Gioia, principal provincia con actividades mineras que pujó por el veto a la citada Ley de protección de glaciares.
Por último, el diputado nacional propició que "la desertificación producto del actual modelo sojero puede ser la próxima tragedia ambiental que afecte a a Argentina" así como aseguró no ver "un gobierno que prevea y que se anticipe a las posibles catátrofes naturales, sino que, por el contrario, privilegia los intereses comerciales por sobre nuestro medio ambiente".