En medio de la desgracia que supuso el segundo aluvión de barro y agua arrastrando troncos y basura, etc, los salteños tuvieron un poquito de "suerte". El fenómeno ocurrió a las 9 y 30 horas del lunes, cuando había luz solar y la gente estaba despierta. Aterra pensar que esa pesadilla, que dejó al menos dos muertos y ocho desaparecidos según el subdirector de Defensa Civil de Salta, Gustavo Paul, pudiera haberse producido en horario nocturno.
El hecho objetivo es que la corriente, enloquecida, desbordó el cauce del río Tartagal que atraviesa esa ciudad del norte salteño, y arrastró parte de viviendas, autos y se llevó algunas personas. Dentro de lo terrible de la situación, fue bueno ver por TV vecinos que se ayudaban a salir de la correntada, aferrados a troncos, haciendo cadenas humanas para sacar criaturas del punto de mayor peligro. Cuando se desata la fuerza bruta de la naturaleza (claro que dañada por la mano del hombre, como cantan Los Piojos en "Civilización"), surgen sentimientos más humanos, si cabe la expresión. Otros no son nada buenos, como la tendencia al saqueo, aprovechando la desgracia ajena, aunque hasta ahora no se reportaron casos en la zona afectada.
Según las autoridades tartagalenses, el alud llenó de barro de hasta un metro de altura -en el momento crítico- a una franja de diez cuadras, cinco a cada lado del río. Unas mil viviendas están destruidas o semidestruidas, con 10.000 afectados. Las que están de pie pero tienen grandes daños no pueden ser habitadas por su inestabilidad (en particular las que están más cercanas a la barranca del río) o bien porque la municipalidad y empresas han cortado la luz y otros servicios para que no haya accidentes.
Como siempre que ocurren estas desgracias hay que enfatizar que lo más costoso son las vidas perdidas, las heridas y angustias de la población, antes que los bienes materiales. Dos mujeres mayores murieron, arrastradas por la corriente, y otras ocho personas han desaparecido. Tres que estaban en esa condición, hasta completar una lista de once, fueron ubicadas por las autoridades y/o sus propios familiares.
Parece una maldición del cielo pero tiene que ver con la justicia o falta de ésta en esta tierra que alguna vez vio florecer el petróleo y recientemente a la soja y la explotación maderera: los que pagan el pato son generalmente los pobres. Los ricos por regla común viven más cerca del Olimpo, en tierras más altas. El comandante Dardo Ibarra, del escuadrón 52 de Gendarmería, informó que las víctimas vivían en Santa María de Tartagal, uno de los barrios más golpeados por la catástrofe. Y uno de los más pobres, hay que acotar. Muchas personas se autoevacuaron pero otras 742 fueron alojadas en cuatro centros provistos por la intendencia. Esta gente no tiene adónde retornar una vez que pase la emergencia: sus casas ya no están o no sirven más. ¿El gobernador Juan M. Urtubey tendrá recursos propios y de la Nación para un inmediato plan de construcción de viviendas sociales? Es para dudar...

La "nueva" política
Las dudas sobre la gestión de Urtubey tienen que ver con su pasado y presente. Su pasado de diputado alineado con el gobernador Juan Carlos Romero y operador suyo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo convierte en corresponsable de la política de monte arrasado aplicada en su provincia.
Es verdad que los principales culpables de esa gestión contra el medio ambiente, con durísimas consecuencias para la población, como se vio en abril de 2006 y en estos días, son Romero y su vice Walter Wayar. Este par de gobernantes fueron instrumentos de los negocios sojeros y madereros, que desmontaron la provincia en una forma más brutal que en el resto del país. Lo hicieron por su compromiso con empresarios locales y del extranjero; en el caso de Romero porque él mismo es un hombre de inversión agropecuaria, en hotelería y servicios, construcción y transporte. La gente que es mala y comenta dice que también tiene inversiones en otros rubros, aunque eso no se pudo demostrar. El actual senador nacional con mandato 2007-2013 es "vicepresidente del Honorable Senado", fue gobernador entre 1995-2007 y había sido senador nacional entre 1986-1995. Obvio, estuvo en contra de cobrar mayores retenciones a la soja en julio de 2008, igual que Carlos Menem, de quien fue compañero de fórmula en 2003.
Según Greenpeace, entre 1998 y 2002 la escalada deforestó a 194.389 hectáreas, y en los cuatro años siguientes el número se duplicó hasta las 414.934 hectáreas. Todo eso debe imputarse a la gestión de Romero-Wayar, con un rol menor de Urtubey en la Cámara de Diputados. De ese tiempo data el primer alud en Tartagal.
En 2007, reciclado como kirchnerista, el joven legislador ganó la gobernación frente a Wayar. Esta semana, acosado por las críticas de que el desmonte continuó en su distrito, se defendió diciendo que en "catorce meses de gestión no autoricé ni un centímetro de desmonte".
Sin embargo, da toda la impresión que continuó ese atentado al medio ambiente. Sobre todo atendiendo a la prueba de la práctica: el segundo alud. Se discutirá cuánto influye el desmonte en el fenómeno, si es la causa número 1 o la 2, pero nadie puede objetar que quitar los montes naturales y la vegetación tiene que ver con la tragedia de Tartagal, amén de otros daños al ambiente y la vida de las comunidades indígenas y campesinos minifundistas.
La "nueva" política salteña se parece demasiado a la vieja de Romero y otros gobernadores que encandilados por los negocios de la soja autorizaron las talas masivas.

Soja, negocios y política
El que no tiene dudas de que el actual gobernador salteño tiene que ver con lo ocurrido es Miguel Bonasso, autor de la ley de bosques que en noviembre de 2007 ordenó parar los desmontes hasta que cada provincia hiciera una clasificación de sus montes, ubicando las zonas a proteger. El diputado opinó que Urtubey "no ha cumplido con sus promesas de parar la deforestación iniciada por su antecesor, Romero, y está en mora en realizar el reordenamiento territorial".
Parece un buen gesto que la presidenta de la Nación, apenas llegada de España, haya embarcado rumbo a Salta para visitar la zona de desastre. Cristina Fernández ha mostrado en esto sensibilidad política, y quizás, personal. En los días previos habían llegado al lugar dos ministros, Florencio Randazzo y Alicia Kirchner, con otros funcionarios, utilizando el avión presidencial. Los medios de la derecha se quejaron porque esa máquina no fue puesta a disposición de Julio Cobos, quien aguardó en vano dos horas en Aeroparque. Le frustraron así al vice la exposición mediática que pensaba hacer, repitiendo su jugada demagógica en el Festival de Doma de Jesús María.
La ayuda que brinden Cristina y sus ministros, será bienvenida para mitigar algunos efectos, pero no deja de ser un paliativo. No borra la responsabilidad que tiene el gobierno nacional en que se haya producido el segundo alud en Salta. Es que hace catorce meses está sin reglamentar la mencionada ley de bosques, no se ha atendido a la propuesta de reglamentación hecha por medio centenar de entidades ecologistas y sociales, y no se dispuso de fondos en el presupuesto 2009 para la implementación de la ley Bonasso.
Eso no es pereza administrativa. Muy posiblemente los intereses empresarios presionan sobre el PEN y las administraciones provinciales para que no pongan en marcha una legislación proteccionista. Y a la luz de los resultados, de no reglamentación de la norma, se puede deducir que hasta ahora ganaron los intereses sojeros, madereros y ganaderos (estos últimos porque parte del desmonte apunta a criar ganado desplazado de regiones ganadas por la soja trasguéenla).
Así como hay que hablar claro de la responsabilidad que le cabe al gobierno, también hay que decir que la "patria sojera" es en última instancia el factor económico que tala los montes. En varias provincias, las entidades que conforman la Mesa de Enlace Rural se opusieron fuertemente a la ley de bosques y luego a su reglamentación. En el caso de Córdoba, las patronales agropecuarias llegaron a enviar notas a la secretaría de Ambiente provincial pidiendo que se disuelva la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. Los del lock out sojero dicen que ese organismo es muy conservacionista y plantean elevar su propio informe sobre cómo y donde talar. Ellos también tienen que dar la cara por el alud.