La dramática situación que se vive en Tartagal exige una rápida respuesta por parte de los gobiernos provinciales y nacional, así como también merece la urgente entrega de aportes solidarios de la propia ciudadanía.
Es verdad que, si bien ambas acciones se encuentran afortunadamente en curso, pues no faltan colectas y envíos de ayuda para las centenares de familias afectadas, debe señalarse que una vez más quedaron al descubierto algunas fallas estructurales del Estado para responder frente a estas situaciones límites.
Lo que se advirtió ya en las primeras horas posteriores al alud fue la falta de un comando unificado para ordenar problemas de enorme gravedad, como la evacuación, la búsqueda de damnificados o la conformación del listado de víctimas. Se sucedieron, en este sentido, declaraciones contradictorias, sin que hubiera coincidencias básicas en algunos informes, sobre el mismo tema, suministrados por voceros de distintas áreas gubernamentales.
Asimismo, como suele ocurrir frente a estos tipos de desastres, se sumaron muchas personas dispuestas a poner el hombro, pero sin una conducción que ordenara esos esfuerzos. A su vez, desde numerosos y distintos lugares del país comenzaron también a enviar el apoyo considerado necesario, aun cuando pronto se advirtió que hacía falta un listado de prioridades ordenado desde el Estado, que canalizara esa asistencia para que el auxilio resultara más específico y ajustado a las necesidades.
Está claro que todos los aportes ayudan a manejar las situaciones, sobre todo en las primeras horas que es cuando corren los momentos más críticos.
Pero también se hace evidente que, a partir de ahora, se debe ir previendo la asistencia a las familias damnificadas en el momento en que el desastre natural comience a quedar superado. Se conoce que estas emergencias tienen dos etapas extremadamente críticas: una cuando los damnificados deben ser evacuados y la otra cuando regresan a sus hogares y se enfrentan a la desolación y a las carencias del día después.
Allí es donde, por caso, hará falta en forma imperiosa el envío de ropa de abrigo, alimentos, medicamentos, frazadas y colchones, entre otros elementos. La asistencia oficial debe complementarse, desde luego, con la solidaridad social. Nuestro país -y en esto La Plata resulta característica- tiene, en este sentido, antecedentes esperanzadores. Cada vez que alguna zona de su territorio ha debido enfrentar catástrofes naturales, los afectados han encontrado una fuerte y rápida respuesta solidaria. Seguramente, no será ésta la excepción.
Sólo es necesario, entonces, que sobre esa base sustantiva consistente en la generosidad enorme de la gente, en la especial sensibilidad que existe para acudir con presteza a favor de compatriotas sometidos al flagelo de cualquier calamidad, el Estado vuelva eficientes y coordine la actividad de las estructuras existentes, para racionalizar la ayuda, garantizar el transporte del apoyo y asegurar la más rápida entrega de esas remesas a quienes sufren situaciones verdaderamente dramáticas.