El departamento de San Martín, con Tartagal como cabecera, cuenta con petróleo, gas, tierras productivas, bosques frondosos y agua. Es la región más rica de Salta, pero también es la zona con más pobres de la provincia. Volvió a ser noticia nacional luego de que agua, barro y troncos arrasaran un cuarto de la ciudad y dejaran sin casa a un millar de familias. Funcionarios de primera línea, tanto de la provincia como de la Nación, responsabilizaron a la naturaleza, que se habría ensañado con los salteños. Campesinos y pueblos originarios advierten desde hace años sobre los efectos del desmonte, aseguran que el alud tiene directa relación con la tala indiscriminada y, como cuestión de fondo, responsabilizan al modelo extractivo, que privilegia la explotación de bienes naturales en lugar de la vida. Empresas de hidrocarburos, sojeras y madereras son denunciadas por arrasar monte nativo y expulsar de sus tierras a pobladores ancestrales. Los campesinos advierten que, de continuar la misma política extractiva, “habrá muchos Tartagal”.
El nordeste de Salta no tiene turismo ni paisajes de postal ni viñedos para exportación, todo lo que se suele publicitar de la provincia. Tartagal está ubicada en el límite con Bolivia. Vivió su auge y desarrollo de la mano de YPF, que empleaba a la mayor parte de la población. Las privatizaciones trajeron desocupación, exiguos planes sociales y políticas asistencialistas.
La industria maderera es histórica. La extracción de petróleo y gas tiene un siglo y el monocultivo de soja sólo lleva una década. Todas las comunidades indígenas los sindican como las causas de sus males: desalojos violentos, expulsión hacia los márgenes de las ciudades y destrucción del monte que les brinda alimentos.
Entre el calor asfixiante, nubes de mosquitos y verde selvático, el cacique wichí Oscar Lorenzo, de la comunidad Kilómetro 6 de la ruta 86, retruca las versiones oficiales: “Están macaneando mucho. Los troncos que bajaron son de la tala, se los ve cortados y pelados. El político y el técnico dirán lo que les conviene, pero sabemos que el cerro castiga por el maltrato”. Los wichí tienen autoridad en distinguir árboles cortados: son un pueblo hachero desde que fueron introducidos, por la fuerza, al mercado laboral.
El cielo está despejado y el cerro Aguaragüé, línea de montañas que conforman la sierra subandina, luce tranquilo. En el Barrio Centro, de la margen izquierda del río Tartagal, aún hay casas con barro dentro. El asfalto no se ve y las máquinas continúan trabajando. De la margen derecha, los barrio Saavedra y Santa María llevaron la peor parte, el agua y el barro casi taparon las casas. El alud también afectó al Barrio Toba, unas cuatro manzanas lindantes con el Saavedra.
A diez cuadras del desastre funciona la FM 95.5 La voz indígena. Es una radio comunitaria que dedica casi toda su programación a la problemática de los pueblos originarios. En la tarde de sol calcinante, suena el programa Sin dueños ni patrones. Omar Guisano es coconductor y vive en la comunidad wichí Siwok, del kilómetros 5, sobre la ruta 86. “Todos sabemos que el desmonte tiene un precio. Hoy lo está pagando el pueblo pobre de Tartagal. Nunca pagan los sojeros y madereros”, denuncia desde el micrófono.
En el salón vecino, una docena de comunicadores indígenas (wichí, guaraní y toba) reflexionan sobre el desastre local. “Dicen que es un desastre natural porque no les conviene la verdad, nadie dirá que es por el desmonte. Se les acabaría el negocio a muchos”, advierte Alfredo Molina, de la comunidad guaraní Cherenta y también conductor radial. “Esto viene de años, no comenzó con la lluvia del lunes ni la inundación grande de 2006. Todos sabemos que el que no está metido en el petróleo está metido en el desmonte. Todos los saben, pero cuesta decirlo: son empresas con mucho poder, que deciden la vida del lugar.”
Apuntan a todos los estamentos políticos, comenzando por el intendente Sergio Leavy. Desde antes de ser electo, ya era un hombre fuerte de Tartagal. Sobre la ruta 34, al sureste de la ciudad, sobresale un gran galpón con un cartel: “Leavy Maderas”. Es el aserradero más importante de la zona y el intendente es su propietario. Este diario quiso consultar a Leavy, pero una secretaria dijo que no hablaría sobre esta polémica.

Tala y prospección
A diferencia del desborde de 2006, el reciente desastre no se debió a torrenciales lluvias sino al descenso de agua, troncos y tierra desde los cerros. Conformaron un dique natural que desbordó hacia los barrios vecinos.
Rafael Montaña es ingeniero agrónomo, representante del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (Iwgia) y vive a tres cuadras del desastre. El agua y el barro ingresaron a su casa, le arruinaron muebles, ropa y electrodomésticos. “En la línea baja del cerro viven modestos pobladores rurales de escasos recursos, que se dedican a la pequeña agricultura y ganadería. También conviven otros factores, que sí explican el alud: la prospección petrolera, con apertura de caminos y explosiones sísmicas, la tala selectiva de maderas costosas y la extracción de áridos (ripio).”
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), con presencia en Salta y otras seis provincias, acaba de difundir un comunicado donde advierte que “desde hace 25 años las topadoras no han parado de derribar árboles de la flora nativa, desmontando indiscriminadamente. Las consecuencias aparecen visibles en los ecosistemas más frágiles en un principio; aludes o sequías, inundaciones o temperaturas extremas, sin entrar en nuestra cotidiana lucha, los despojos de tierra y desalojos compulsivos”.
El MNCI precisa que entre 1984 y 2004 se desmontaron en el norte de Salta 67 mil hectáreas y explica que, por su pendiente y las vías de escurrimiento, el cerro es un escenario propicio para la erosión por agua. “La gota de lluvia que cae en suelo desnudo tapa los poros, haciendo que las próximas gotas no infiltren, sino que escurran. A mayor pendiente y mayor intensidad de la lluvia, arroyos o ríos se improvisarán para desaguar esa inmensa superficie donde no hay captación en el suelo. En su paso el agua podrá arrancar árboles, puentes, laderas de ríos, cerros y llevarse todo lo que se encuentre cuando venga la creciente”, advierte el Movimiento Campesino Indígena y apunta al fondo del asunto: “Los desaparecidos de Tartagal son consecuencia de un sistema que prioriza el lucro antes que la vida. De seguir así, habrá muchos Tartagal”.
El secretario de Ambiente de Nación, Homero Bibiloni, no opina igual: “No tiene asidero empírico relacionar desmonte y alud, es cambiar el eje del problema. Hay una multiplicidad de causas. Surge de la propia verificación climatológica y las condiciones del terreno”.
Durante diez años, Martín Herran fue referente de la organización ambientalista Yaguareté, con fuerte presencia en los departamentos de Orán y San Martín. “Visito y estudio la región desde 1992 –dice–. Existe tala selectiva de especies preciadas como cedro, roble, lapacho, cebil y quina. Todas maderas en extinción y muy costosas. Se abren caminos de hasta seis metros para llegar hasta el lugar, instalar campamentos y bajar los troncos. Con las lluvias muchos árboles quedan a la deriva y ya no hay raíces que frenen derrumbes”, explica. Y remarca el papel de las petroleras: “Abren innumerables caminos, dejando troncos desparramados por el cerro, y utilizan una prospección sísmica que consiste en realizar explosiones a diez metros de profundidad, que vuelva al cerro un espacio más frágil de lo que ya es”. Rafael Montaña, de Iwgia, precisa cuáles son las multinacionales presentes en la región: Pluspetrol, Texpetrol, Refinor y Pan American Energy.

"Queremos tierra donde vivir tranquilos"
Salta es la provincia con más pueblos indígenas (nueve etnias). Uno de ellos son los wichí, asentados en su mayoría sobre la ruta nacional 86, ciudad de Tartagal, departamento de San Martín. A lo largo de 170 kilómetros de tierra viven ancestralmente quince comunidades, unas 2500 personas que habitan y obtienen sus alimentos de las 150 mil hectáreas linderas. Es el epicentro de las revueltas, represiones y lugar codiciados por empresarios madereros y productores de soja. También es uno de los departamentos (junto con Orán, Rivadavia y Santa Victoria) donde la Corte Suprema de Justicia ordenó, en diciembre último, el cese de los desmontes. Convocada por la Corte, el próximo miércoles se realizará una audiencia donde el Estado provincial y el gobierno nacional deberán explicar su responsabilidad, por acción u omisión, en la deforestación salteña.
Antonio Cabana, referente de las luchas en la región, admite la importancia de frenar las topadoras, pero fija su posición: “Queda bien decir que cuidan un arbolito. Queda mal decir que hay que luchar por la tierra. Queda mal cortar ruta para que no nos roben lo nuestro”, sostiene. “Vivimos siempre en este lugar, pero la tierra se la dan a otros, con dinero. Los políticos y jueces hablan lindo, pero los maneja el billete.”
No tiene dinero para concurrir a la audiencia, y tampoco fue invitado, a pesar de ser uno de los referentes en la lucha por la tierra. Pesan sobre él setenta causas judiciales, por poner el cuerpo en piquetes, cortar alambres de productores sojeros y echar topadoras de tierras indígenas. “Será importante que la Justicia frene para siempre a los empresarios, pero más importante es que nos deje hablar por nosotros mismos. Sólo queremos tierra donde poner nuestros pies y vivir tranquilos.”