En las últimas horas, OSE anunció medidas para disminuir la utilización de agua potable. El déficit hídrico que afecta la región no parece próximo a revertirse por lo que es lógico que se extremen las precauciones.
En ese sentido, la Administración anunció una campaña dirigida a evitar que el agua potable sea empleada en usos no esenciales. En dicho marco se aumentará el número de funcionarios que fiscalizarán el cumplimiento de las restricciones dispuestas, y se espera que los vecinos colaboren en denunciar a los infractores (¡vecinos contra vecinos, al mejor estilo staliniano!).
El tema es útil para referirnos a la concepción que el Frente Amplio tiene sobre los servicios públicos y las empresas estatales. Detengámonos en el caso de OSE.
La empresa actúa con responsabilidad procurando asegurar el abastecimiento de agua. Para ello insta y obliga a restringir el consumo. Más, al mismo tiempo, reconoce que la mitad del agua que produce no la factura. Es decir, que un 50% de agua del sistema se pierde, admitiendo sus autoridades que no han podido solucionar el problema.
Por otra parte, cualquier montevideano puede señalar la demora con que la Administración repara las averías que se producen en la red. Ahora, el Directorio de OSE anuncia que reforzará el personal afectado a la tarea. Ante esa realidad: ¿de qué manera asume su cuota parte de responsabilidad en la mala gestión del agua potable? Si el 50% del agua producida no se factura, se pierde: ¿de qué forma resarce OSE a los uruguayos por mal administrar los recursos públicos? ¿Por qué deben los uruguayos pagar más cara el agua de lo que deberían? Y, más grave aún: ¿tapar los propios errores acusando a los ciudadanos de malgastar agua e incentivando que unos denuncien a los otros?
Otro buen ejemplo de la errada concepción que se tiene de las empresas públicas, consideradas como fines en sí mismas y no como instrumentos del bien colectivo, es el de ANCAP. Los uruguayos continuamos subsidiando el ruinoso emprendimiento sucroalcoholero de Bella Unión. Pagamos el azúcar más cara de lo que podríamos hacerlo, y, además, la mayoría del azúcar que se consume es brasileña y no uruguaya. Paradójico ¿verdad? El ente tampoco se hace responsable de los perjuicios que causa por la mala calidad de, por ejemplo, el gasoil que con su contenido de azufre destruye los diésel modernos.
UTE , por su parte, corta el servicio de quien se atrasa en el pago, y sanciona los atrasos. Mientras tanto, miles de personas están "colgadas". ¿Por qué no se hace algo al respecto? ¿Qué le puede decir la UTE al vecino que con esfuerzo paga su factura y sabe que, a una o dos cuadras de su casa, hay barrios enteros "colgados" en los que los funcionarios se abstienen de meterse o hacer nada? ¿Asume la UTE su responsabilidad y el sobrecosto que obliga a pagar al resto de los usuarios?
Otro ejemplo: ANTEL, desleal con los uruguayos a quienes niega el acceso a mejores y más baratas tecnologías, para no ver afectado sus propios intereses. En todos los casos lo mismo: la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Será tarea del próximo gobierno volver las cosas a su sentido, poniendo las empresas públicas al servicio de la población, abandonando la errónea concepción de considerarlas un fin en sí mismas.