Una tragedia como la que se vivió en el norte de Salta, que debería servir para unir criterios y plantear nuevas políticas por parte de actores políticos y sociales, mostró la soberbia del Gobierno nacional. Una vez más, los Kirchner dejaron pasar la chance de transformar una crisis en oportunidad.
Cristina tampoco está aprovechando la posibilidad que le dejó abierta la Mesa de Enlace para empezar a limar asperezas con el campo. Luego del mensaje que le envió a la dirigencia rural el pasado jueves, prácticamente no hubo avances y la tan esperada convocatoria parece cada vez más lejana. Los ánimos se van exaltando: el regreso al paro está a la vuelta de la esquina.
Los Kirchner tienen una facilidad única para crearse sus propios problemas. Y el caso más representativo es la relación con el vicepresidente Julio Cobos, con quien comenzaron a tener problemas mucho antes del voto “no positivo” que sepultó la Resolución 125 y le produjo una profunda herida a la gestión presidencial.
Cobos decidió patear el tablero el viernes último al sacar un documento en el que plantea fuertes críticas a la gestión de Gobierno y llama a sus seguidores a estrechar vínculos con el radicalismo, la Coalición Cívica, el socialismo y diversos sectores de la oposición. Este conflicto, que puede tener consecuencias institucionales muy graves, parecidas a la que causó la salida de Chacho Alvarez al gobierno de la Alianza en el año 2000, también es producto de la incapacidad del Gobierno de generar consensos mínimos. Su razón de ser política es la confrontación por la confrontación misma.
La actitud de Cobos despertó a los ultra K que, al unísono, están reclamando que el vicepresidente de un paso al costado y presente la renuncia. El ex gobernador mendocino se encuentra en una difícil situación. Por un lado, no se atreve a dimitir, pese a que el Gobierno al cual sigue perteneciendo no le despierta la más mínima lealtad. Y, por otro lado, su indefinición provoca que muchos radicales de la Provincia le tengan desconfianza, y lo mismo sucede con los referentes de la Coalición Cívica.
“Los legisladores de Cobos le aprobaron casi todos los proyectos a Daniel Scioli en la Cámara de Diputados. Gracias a ellos se logró que se sancionara la polémica contratación directa del puerto de La Plata”, suelen afirmar los boinas blancas orgánicos y los lilitos.
La prueba de fuego se producirá este miércoles cuando se trate la controvertida iniciativa para la repatriación de capitales, que genera mucha resistencia en el Parlamento. Los cobistas aún no definieron su postura, mientras que también existen muchos interrogantes acerca de cómo votarán los legisladores díscolos que aún forman parte del oficialismo y que en marzo romperían el bloque para integrar el grupo de los peronistas disidentes.
El mencionado proyecto genera rechazo en la oposición (radicalismo y Coalición Cívica) debido a que, entre otros puntos, destina unos 250 millones de pesos para otorgar créditos fiscales que incentiven la repatriación de fondos del exterior: plantean que ese dinero debería estar destinado a la producción. Además, existe temor de que el proyecto le dé vía libre al lavado de dinero y a la captación de fondos buitres.
Igualmente, más allá de las denuncias puntuales, la oposición viene manifestando una alarmante incapacidad para definir planes estratégicos alternativos, en momentos en que el Gobierno nacional se encuentra en una debacle y la crisis cada día golpea con mayor fuerza.
Pese a que se esfuerzan en aclarar que no discuten candidaturas y que las distintas reuniones entre la CC, la Coalición y el socialismo son para “definir agendas legislativas en común”, lo cierto es que existe una solapada disputa por los lugares que ocuparán en las listas. El futuro es un gran interrogante.