Mientras ruegan que en los próximos días la lluvia no traiga más desastres –hasta el miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó mal tiempo– a “una Tartagal que necesita ser refundada”, las autoridades municipales planean “la reestructuración de la ayuda en centros de distribución a cargo de los propios vecinos, con la terminante prohibición a punteros políticos ni empleados públicos de participar en la organización”, adelantó el jefe de Defensa Civil de la ciudad, Rolando Alvarez. Hasta ahora, y además de alcanzar a los centros de evacuados, las donaciones “se están entregando casa por casa, con vehículos del Ejército y de Gendarmería para evitar que las reciba gente que no sufrió inconvenientes”, explicó. En tanto, si bien desde el hospital local indicaron que hasta el momento no hay casos confirmados de dengue, existen algunos pacientes que están “bajo sospecha”. Mientras esperan los resultados de los análisis, los profesionales solicitaron a la población que extreme las medidas de higiene y la utilización de repelente de insectos para evitar cualquier brote infeccioso.
La Subsecretaría de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social nacional es, por el momento, la cabeza estratégica de la asistencia a los damnificados, a través de un equipo interdisciplinario que lleva las donaciones a cada uno de “los restos de casas”, cuyos dueños no los abandonan por miedo a los saqueos. El ejército, miembros de Cascos Blancos de Salta, de organizaciones sociales y de colectivos religiosos prestan apoyo para clasificar lo enviado desde distintos puntos del país. En tanto, asistentes provinciales y municipales removieron cerca de 2000 metros cúbicos de barro, troncos y otros materiales arrastrados por el alud.
Contradiciendo las voces de algunos vecinos que días atrás denunciaron frente a los medios de comunicación inconvenientes en la entrega de donaciones, Alvarez se obstinó en asegurar que “tanto el gobierno provincial como el nacional brindaron una asistencia rápida y buena. Esperemos que continúe cuando las cámaras se apaguen y quedemos solos”.
Los barrios más afectados son Villa Saavedra, Barrio SUPE y el Barrio Santa María, ubicados en las riberas del rebasado río Tartagal. Cerca de 300 casas fueron destruidas o deben ser demolidas por precaución, dejando una cifra que la duplica de familias en la calle. Y las promesas sobran: el gobierno nacional anunció una inversión cercana a los 150 millones de pesos para rearmar la ciudad y dotarla de gas natural domiciliario, dos redes de cloacas nuevas y plantas potabilizadoras. “El servicio eléctrico está completamente reestablecido, el de agua, en un 90 por ciento, y el cloacal, sólo en un 40. Pese a las reservas naturales de la zona, la zona nunca contó con conexión de gas”, detalló Alvarez. El gobierno provincial aseguró ayer la construcción de 600 viviendas en la ciudad.