La provincia de Santa Fe presenta realidades geográficas de grandes contrastes, algunas de las cuales se convierten en beneficios naturales para desarrollar un perfil productivo diverso. Ciertas regiones gozan de condiciones hídricas y sanitarias que son ventajosas, según el lugar en que se desarrollan. Pero en la amplitud del territorio, existen desequilibrios y diferencias extremas, en la distribución de fuentes de agua dulce para su potabilización y consumo humano.
Mientras quienes viven en la plena zona de influencia del valle aluvial del río Paraná cuentan con la mejor calidad de agua y de un modo casi ilimitado, los que residen en la franja del oeste del territorio, no tienen cursos hídricos superficiales importantes, y deben recurrir a extraer aguas subterráneas, con alta presencia de arsénico que, como se sabe, es un elemento tóxico.
Sobre el este provincial, se ubica la mayor parte de la población. Las ciudades más importantes cuentan con plantas potabilizadoras que captan agua cruda y, sin dificultades, han organizado sistemas de distribución de agua ya potabilizada, en los que, lamentablemente, impera el derroche.
En Rosario y Santa Fe, no hay límites ni premio para quien ahorre agua, tampoco castigo para quien la malgaste. Los sistemas con micromedición son excepcionales en las ciudades ubicadas en la ribera. En el oeste, que tiene menos población, el agua proviene de pozos, su potabilización requiere complejos y costosos sistemas de filtrado, el cual se realiza por ósmosis inversa, para brindar un servicio medido, que muchas veces es escaso o insuficiente. En el centro y noroeste, se ubica la cuenca lechera más importante del Cono Sur, con saldos exportables.
La reciente licitación nacional e internacional, para la financiación y construcción de tres de los doce grandes acueductos, con que el gobierno provincial piensa llevar las ventajas del este al oeste provincial, es un hecho auspicioso. La obra, que beneficiará a un millón de habitantes, brindará agua potabilizada a 21 localidades. Se prevé una inversión de 992 millones de pesos.
El proceso licitatorio había sido iniciado por la gestión anterior, aunque no llegó a la apertura de los sobres, pero avanzó en la sanción de una ley, que autorizó un endeudamiento hasta 200 millones de dólares. En esa oportunidad, sólo hubo un oferente.
Las actuales autoridades dejaron (por un año) en suspenso esa convocatoria; mientras tanto, redefinieron el proyecto para poder ampliar los tipos de materiales a utilizar, y convocar a posibles oferentes. Hoy, son tres las propuestas en pugna, lo que alienta más expectativas favorables para que se concrete el proyecto. Pero éste será el primer paso de un plan global, que demandará como mínimo 15 años, y requiere que su continuidad sea asumida por ésta y las siguientes gestiones.