La grave sequía que afecta a un vasto territorio de la República Argentina con las consiguientes pérdidas económicas para productores de diversas provincias, ha sido tratada inicialmente en el contexto de algunas previsiones contempladas por la Ley 22.913 de emergencia agropecuaria. Es un buen paso inicial.
Sin embargo, llama la atención que el debate que se instala se refiere con exclusividad a aspectos fiscales cuando de lo que se trata es hacer más eficiente la conjunción tierra-agua.
El flagelo constituye una oportunidad para avanzar en el proceso de innovación tecnológica del riego suplementario, habida cuenta de que lo más probable es que el calentamiento global haga más asiduo tal fenómeno climático de menores lluvias relativas.
El agua es un bien social y ambiental pero es también un bien económico y hay que considerarlo como tal, por lo que abastecidas las necesidades humanas y ambientales, el factor económico es determinante en su uso.
Hacia finales de la década de los ‘90 tuvimos una sequía importante en la Provincia de Mendoza. A través del Departamento General de Irrigación y en combinación con los propios usuarios, realizamos una serie de inversiones públicas en baterías de pozos de agua subterránea y mejoramiento de canales de riego.
Con ello, paliamos la escasez relativa pero al mismo tiempo avanzamos en el plan estratégico de uso conjunto de agua superficial y subterránea.
Institucionalmente el manejo del recurso hídrico es facultad de las provincias y , por ende, son ellas las que, en uso de sus facultades deberían proceder a dictar la emergencia hídrica en su territorio; a partir de allí habilitar algunos de los siguientes procedimientos:
* Obras públicas de canalización que permitan hacer tomas de los numerosos ríos, lagunas y arroyos de la pampa húmeda.
* Perforar pozos de agua subterránea ya sea por sí (en caso de una red pública) o alentar a que los propios privados lo realicen en sus predios.
* Monitorear las napas y suministrar la mayor información sobre la cantidad y calidad de los recursos hídricos subterráneos a los propios interesados.
* Interesar a la banca nacional y privada a prestar financiamiento para que los productores incorporen riego suplementario con el consiguiente beneficio en los rindes.
* Promover el asociativismo de los agricultores y ganaderos para que realicen obras de aprovechamiento hidráulico colectivo con la consiguiente disminución de costos en infraestructura.
* Organizar consorcios de riego agrícola que construyan y operen grandes reservorios abastecidos con agua subterránea, usando energía barata en horas valle (noche) y eventualmente aguas de lluvia, permitiendo optimizar y regular el riego de acuerdo a las necesidades de cultivo.

A nivel nacional también hay importantes actividades a desarrollar:
* Avanzar en una ley de fomento al riego agrícola (similar a la Ley Chilena) que apoye la inversión privada en optimizar el uso de los recursos existentes favoreciendo la competitividad.
* La propia Ley 22.913 establece la posibilidad de usar partidas del presupuesto para hacer obras públicas que atiendan la emergencia (art. 10 inc f, 4).
* Convocar al Consejo Hídrico Federal que puede colaborar con las provincias afectadas a partir del mayor conocimiento técnico que tienen algunas de ellas.
* Utilizar el fondo de emergencia hídrica que puede ser una interesante fuente de financiamiento para los proyectos públicos y privados.
* A la sequía se la combate con agua. Pareciera que al fenómeno físico se le agrega uno mental: falta de proyectos destinados a solucionarla.

Por Carlos E. Abihaggle y Mario Valencia - Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas UNCuyo y Arquitecto Director Fiscalización DGI, respectivamente