Representantes de la comunidad aborigen salteña Wichí y del Gobierno de la Provincia polemizaron ayer sobre las razones del alud que causó gravísimos daños en la ciudad de Tartagal, a raíz de las inclemencias climáticas.
En una audiencia pública convocada en Buenos Aires por la Corte Suprema, el abogado de los aborígenes, Raúl Ferreyra, denunció que “no hay posibilidad de desligar el desmonte del desastre ocurrido en Tartagal”, pero el fiscal de Estado salteño, Ricardo Casalí Rey, replicó que “no hay ninguna base científica que permita asociar el alud con el desmonte”.
Ambas partes, más la Secretaría de Medio Ambiente, fueron citadas por la Corte para analizar los eventuales daños al ecosistema que estaría causando la tala indiscriminada de bosques nativos en el norte de Salta.
El secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, reconoció que el desmonte “es negativo” y aceptó la incidencia del “efecto acumulativo” de la tala indiscriminada “en ese volumen”. Sin embargo, relativizó la posibilidad del área a su cargo para “interferir en la manera en que las provincias” resuelven esas cuestiones de naturaleza interna, según los establecido por el sistema federal de gobierno.
El ministro de Medio Ambiente de Salta, Julio Nasser, descartó que la tala masiva tenga relación con lo ocurrido en Tartagal, y fundamentó su aseveración en que el desmonte se está produciendo en una región que no tienen pendiente hacia la ciudad.
“Circunscribimos el análisis al lugar del desastre. Allí hay que dar respuesta inmediata en obras y asistencia a la población afectada. El gobierno de Salta sostiene que en el cauce de la cuenca media y alta de Tartagal no hay desmonte. Sí la hay en la cuenca plana o la zona después de la ciudad, donde no hay pendiente. Desmonte arriba de la cuenta alta y media no existe, no lo pudieron identificar”, resumió.

PANORAMA ACTUAL
La Corte Suprema nacional dictó el 29 de diciembre pasado una medida cautelar que ordenó frenar la tala masiva de montes en cuatro departamentos del norte de la provincia.
Pero el fiscal salteño Casalí Rey objetó la participación del máximo tribunal nacional y entendió que la concesión de permisos para el desmonte es “una cuestión de derecho público provincial”, a lo que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, replicó que ese cuerpo analizará oportunamente las cuestiones de competencia.
En cuanto a la medida cautelar que dispuso la suspensión de la tala, el abogado de los Wichís dijo poseer información que da cuenta de que “hay desmonte actualmente” y advirtió que con el nivel de permisos que se viene otorgando en los últimos tiempos, “en quince años desaparecerán los bosques nativos”.
Peor aún, Ferreyra consideró que si el ritmo de autorizaciones es similar al del último trimestre de 2007, “los bosques se terminarán en diez años”.
El abogado embistió contra el Gobierno de Salta, que “aprueba el ciento por ciento de los permisos de desmontes, pese a las impugnaciones de las comunidades aborígenes y las ONG” en unas 195 audiencias públicas que se realizó a nivel provincial.
En ese sentido, indicó que existió un fuerte incremento de autorizaciones en el trimestre final de 2007, y un tercio de esos permisos, unas 330.000 hectáreas, corresponden a la región cuya cabecera es precisamente Tartagal.

RAZONES DE LA DEMORA
Esa situación debía quedar protegida por la Ley de Bosques, sobre la cual el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda -el más incisivo en las preguntas- quiso saber por qué se había demorado 14 meses la reglamentación para la puesta en marcha.
El secretario Bibiloni respondió que “el proyecto originario era muy complejo, poco federal, muy burocrático, criticado por las provincias y sin apalancamiento económico”.
Subsanados esos problemas, la ley fue reglamentada, en una fecha apenas días después del desastre en Tartagal.
En representación de la comunidad Wichí, Dino Salas pidió a la Corte que “protejan a la gente y a los animales” afectados por la modificación ecológica de la región desmontada. “¿Cómo puedo entender yo que ingenieros y expertos permitan que al cerro se le saque la selva? Si siguen así, van a terminar con la vida”, advirtió.
La Corte, representada por todos sus ministros con excepción de Carlos Fayt, quedó en condiciones de resolver las cuestiones planteadas, entre ellas si debe seguir interviniendo o enviar todo el expediente a la justicia salteña, pero no adelantó si convocará a una nueva audiencia o comenzará a trabajar en un fallo.
Por lo pronto, mantuvo vigente la medida cautelar que prohíbe la tala de bosques nativos en la región norte de la provincia.

Todavía están evacuadas medio millar de personas
Unas 400 personas permanecían ayer evacuadas por el alud de la semana pasada en Tartagal, donde se reforzaba las medidas sanitarias contra el dengue, mientras se confirmó que el cadáver hallado el martes corresponde a una de las dos mujeres desaparecidas.
El coordinador de Defensa Civil, Lucio Ganami, estimó que unas 400 personas permanecían alojadas en los centros de evacuación dispuestos para albergar a los afectados por el alud en esa comuna del norte provincial.
El cadáver hallado por Gendarmería Nacional a la vera del río Tartagal, a unos 25 kilómetros de la ciudad, fue identificado por la policía como el de Rosa Rivero Alfaro, de 59 años, quien fue arrastrada por el alud junto a su madre, Modesta Rivero, de 73, cuya búsqueda continuaba ayer tarde, agregó Ganami.
El secretario de Gobierno de Tartagal, Roberto Avellaneda, afirmó que “unos doscientos evacuados son permanentes en los seis centros de evacuación dispuestos desde que ocurrió el hecho, pero hay muchos más que pasan el día en sus casas y van a comer y a dormir a los lugares de alojamiento”.
Sobre las tareas de limpieza, aseguró que “avanzamos bastante, pero falta mucho. Hoy la mayor parte de la ciudad está limpia, pero hay un sector de la avenida Packham que tiene treinta centímetros de barro sobre el asfalto, y eso va a ser muy difícil de remover y se irá haciendo de a poco”.
“Otro problema que tenemos es que las cloacas están tapadas de lodo, entonces muchísimas casas tienen agua pero no pueden usar los baños. Tenemos tres equipos especiales que llegaron de Buenos Aires trabajando en esto, pero la tarea es lenta”, indicó.
En este sentido, agregó que se dispuso “una importante cantidad de baños químicos en varios puntos del sector afectado, para que la gente pueda usarlos, pero allí por ejemplo no se pueden duchar”, y consideró que “muchas de esas cañerías van a tener que ser cambiadas”.
Sobre el comienzo de las clases, estipulado para el 2 de marzo próximo en Salta, Avellaneda expresó que “en un momento se pensó en postergarlas, pero esperamos que no, todavía nos quedan dos semanas para ver cómo se dan las cosas”.
A su entender, si las clases no comienzan el problema se hace “más grande”, ya que “en vez de afectar a un sector de la población se pasa a afectar a todos los niños del municipio”.
Por ello, señaló que hay que considerar que “varias escuelas son ahora centros de evacuación, por lo que estamos tratando que dejen de serlo”, y también que “muchos chicos no tienen siquiera donde vivir, con lo cual ir a la escuela es un tema secundario”.
“Vamos a tratar de iniciar lo más pronto posible, aunque aún no tenemos en claro cuándo, pero estimamos que se va a tener en cuenta el caso de cada escuela y de cada niño, con la posibilidad de plantear, incluso, un régimen especial para los alumnos que tengan dificultades derivadas de esta emergencia”, destacó.
El funcionario admitió que el pueblo tartagalense tiene generalmente “una actitud de resignación, por tantas promesas incumplidas”. Pero la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los convenios firmados, los anuncios de las obras y todo el trabajo que se está haciendo en el terreno “nos muestran una actitud muy fuerte de cambio, de esperanza”, agregó Avellaneda.