Aunque las fotos aéreas dicen otra cosa, el ministro de Medio Ambiente de Salta, Julio Nasser, insiste en que no hubo desmontes ni tala en la cuenca media y alta del río Tartagal, por lo que no fue ésa la razón del aluvión del lunes 16. Pero en su fuero íntimo parece pensar otra cosa: "La gente está advirtiendo que no podemos jugar con las pendientes, y que debemos tender a conservar la estructura del suelo", señaló a Clarín.
El miércoles, Nasser accedió a la incómoda defensa, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los permisos de desmonte por 807.509 hectáreas firmados por la gestión anterior. Sostuvo entonces que fueron "procedimientos ajustados a derecho".
En los últimos diez años, Salta perdió 1,2 millón de hectáreas de bosques nativos. Las cifras y la aceleración de la deforestación impresionaron a los magistrados. "Si se desmonta una cantidad importante, como ha ocurrido en cuatro departamentos, indudablemente esto tiene un impacto ambiental muy grande, que tarde o temprano nos muestra su cara más horrorosa", comentó el jueves el presidente de la Corte, Eduardo Lorenzetti.
Al resumir la esencia de la audiencia del miércoles, el magistrado señaló: "Estuvimos discutiendo que, más allá de que es lógico promover el agro, hubo una cantidad enorme de autorizaciones para el desmonte, que se incrementaron abruptamente a fines de 2007".
Con la intención de modificar la política ambiental de la provincia, el gobernador Juan Manuel Urtubey presentó a la Legislatura un proyecto de ordenamiento territorial de bosques nativos, consensuado con las organizaciones sociales, que fue bien recibido por los especialistas. Según la flamante Ley de Bosques, cada provincia debe sancionar una ley de ordenamiento territorial que establezca las zonas rojas (a preservar), amarillas (permiten algún tipo de actividad) y verdes (permiten un cambio de uso de suelo).
"Daba respuesta a muchas situaciones sobre conservación de las cuencas hídricas, y a garantías ambientales", explicó Nasser. Pero ambas Cámaras hicieron modificaciones sustanciales que permiten actividades que, según expertos de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), "implican desequilibrios ambientales irreversibles y de gravísimas consecuencias", como crecientes destructivas de los ríos, aluviones, y menor caudal de agua en épocas de sequía.
Por esa razón, la UNSa pidió a la Corte que declare la inconstitucionalidad de la ley. Entre otros aspectos, cuestiona los siguientes: no preserva las cabeceras de las cuencas de los ríos; sólo impide la tala en una angosta franja de 100 a 500 metros desde las orillas, y de 15 a 25 metros de ribera en ríos de montaña; y permite deforestar áreas con pendientes de hasta 15 metros en 100 metros, cuando la ley nacional los restringe a 5 metros. Los desmontes en zonas con estas características multiplicarían las probabilidades de aluviones como el de Tartagal.
La UNSa también objetó que la ley salteña no regula la expansión de la frontera agrícola, y deja "sujetos a desmonte la casi totalidad de los bosques nativos de la provincia"; y que tampoco considera el hábitat de las comunidades indígenas.
¿Por qué entonces el Ejecutivo no vetó la ley?, preguntó Clarín. "Quisimos ser respetuosos de la legitimidad democrática de la Legislatura", argumentó el fiscal de Estado de Salta, Ricardo Casali Rey. El ministro de Medio Ambiente también respondió: "Hay alternativas técnicas que nos permiten corregir varias cuestiones en la reglamentación de la ley. No podremos hacerlo todo, pero sí algunas cosas".
Al gobierno provincial le quedan apenas 30 días para reglamentarla, lo que incluye la zonificación por usos permitidos. "Tenemos la voluntad de dar un mapa adecuado a la realidad de bosques de Salta", prometió Nasser.
Entretanto, las comunidades indígenas y los pequeños productores criollos del norte de la provincia están por pedir a la Corte que amplíe la medida cautelar que frenó los desmontes autorizados en el último trimestre de 2007. "En los próximos días vamos a solicitar que se suspendan todos los desmontes que aún no se ejecutaron", anticipó el abogado Raúl Ferreyra.