Quiza no pueda afirmarse que la tragedia de Tartagal hubiera sido evitable, pero sí que habría sido posible mitigar sus lamentables efectos. Sin duda, existió una mezcla de causas naturales y humanas magnificadas por una casi total falta de prevención.
En diciembre de 2005, Tartagal vivió un hecho similar: las lluvias y la inundación por el desborde del río Tartagal habían arrasado más de 150 viviendas y aislado a la ciudad con centenares de personas que debieron ser evacuadas por el peligro de derrumbes.
Un año más tarde, un grupo de científicos de la Universidad de Salta fue convocado por las autoridades locales para evaluar las razones del alud. Se encontraron una serie de factores, naturales y provocados por el hombre, que concurrían para ocasionar el desastre. El informe sugería medidas de prevención para evitar situaciones similares; entre otras, un sistema de alertas tempranas a través de estaciones de monitoreo en el curso alto y medio de la cuenca del río, y el control de todas las aperturas de caminos. Todo esto fue prácticamente ignorado y puso al descubierto muchas fallas de carácter político y, por lo menos, una muestra de desidia del ministro de Ambiente provincial, Julio Nasser, de quien dependen el control de la estabilidad de las cuencas hídricas de la provincia y de la extracción de recursos forestales.
Tras el alud, la presidenta Cristina Kirchner firmó en Olivos la demorada reglamentación de la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos y sostuvo que el avance de los desmontes está vinculado a la expansión de la frontera agrícola; también reiteró que la verdadera causa de la tragedia era la "pobreza estructural". Pero el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, se apresuró a resaltar que la reglamentación de la ley "en modo alguno puede vincularse como una respuesta" a la tragedia de Tartagal, y agregó que el desmonte "no es la causa eficiente y directa" de la tragedia y que "si la reglamentación no se aprobó antes" fue por responsabilidad de su antecesora, Romina Picolotti.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, descartó que en la inundación hubiera tenido que ver el hecho de que las obras de contención del río, que realiza el gobierno nacional, aún no se hayan concluido. A su vez, el ministro de Ambiente salteño sostuvo que el aluvión en Tartagal fue causado por las características ambientales y geológicas de la zona y no por deforestación.
La rápida respuesta de las autoridades parece más una lastimosa actitud de echar culpas o de deslindar responsabilidades que de asumir una actitud reflexiva y responsable con miras a que estos hechos no se repitan en el futuro. Negar la realidad es un reaseguro para que esta situación no constituya un aprendizaje. Es imprescindible contar con funcionarios capaces de mostrar la realidad sin miedos, planteando soluciones y no excusándose o buscando chivos expiatorios. Sólo asumiendo una actitud proactiva más allá de las conveniencias coyunturales se podrán evitar hechos similares, y se podrá construir sobre los errores ajenos, e incluso sobre los propios.