Organizaciones ecologistas de Entre Ríos y Santa Fe denunciaron que la empresa holandesa Bema Agri B.V. continúa con la construcción de terraplenes en una isla del ejido municipal poniendo en riesgo severo el ecosistema de los humedales de la zona.
Afirmaron que a pesar de las advertencias del gobierno provincial para que detengan la construcción de esos diques, la firma extranjera prosigue con las obras que ya tienen una extensión de casi 20 kilómetros.
Jorge Daneri, de la organización M´Biguá de Paraná, recorrió la zona y confirmó que la empresa holandesa desobedeció la resolución 1088 del Gobierno provincial y continúa con sus tareas de amurar el río.
La isla tiene una extensión de casi 10.000 hectáreas, con un sistema de lagunas interiores donde desovan peces. La empresa utiliza esos terrenos para tareas agrícolas y siembra sorgo y soja. Para evitar anegamientos, construye terraplenes que impiden el avance del río y obstruye, de esa manera, el ciclo natural que se da periódicamente.
Según explicaron los ambientalistas, la empresa para poder sembrar drena y secas las lagunas interiores y utiliza esas áreas para plantar las semillas.
“Si otros productores empiezan a replicar este modelo, el humedal empezará a desaparecer y dejará de ejercer su efecto esponja, con todo el proceso de filtrado y sedimentación de nutrientes. Además, se afecta gravemente todo el sistema de reproducción de peces que se da en las lagunas interiores”, destacó Jorge Daneri en declaraciones a EL DIARIO.
La isla en cuestión está ubicada frente a la ciudad santafesina de Villa Constitución, en el ejido de la Municipalidad de Victoria, muy cerca del límite del departamento Gualeguay.
“Impresiona ver las islas sembradas con soja y sorgo”, describió el ecologista e indicó que además del gran impacto ambiental que de por sí tienen esas actividades se suma el uso de agroquímicos que están afectando a los colmenares de la zona.
“La miel de las islas es una de las mejores del país. Pero si persisten con las fumigaciones van a acabar con la actividad apícola”, advirtió además.
Tras destacar que el poder de policía de control sobre la zona lo tienen la Municipalidad de Victoria y la provincia, hizo notar que la empresa ignoró la resolución 1088 con la que se intimó a la firma a que suspendiera las obras de los terraplenes.
“No sólo no cumplió sino que continuó avanzando”, recalcó.
Además, adelantó que si el Estado no establece alguna medida concreta que evite la profundización del año, su organización ambientalista presentará una demanda ante la Justicia, amparándose en disposiciones constitucionales.

INTIMACIÓN. En agosto de 2008, el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) de Entre Ríos intimó a la firma a que paralice y/o suspenda las obras hidráulicas, y le concedió un plazo de 60 días para regularizar la situación y presentar la documentación necesaria para la evaluación del permiso correspondiente. Las actuaciones fueron remitidas al presidente de la Corufa, el secretario de la Producción Roberto Shunk, quien firmó la resolución el 19 de noviembre de ese año.
“Al no existir evaluación de estudios de impacto ambiental, ni intervención de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, y frente a la ausencia de acto administrativo de la Corufa que habilite las obras cuestionadas dentro de un área protegida municipal, nos encontramos ante un hecho de una ilegalidad e impunidad sorprendente”, señaló Daneri.
En septiembre del año pasado los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, lograron un acuerdo junto a la Nación para avanzar en la elaboración de un Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible (PIECAS-DP) en el Delta del Paraná. En ese contexto, “la inacción del Gobierno de Entre Ríos es de suma gravedad, y va en sentido contrario al compromiso asumido”, sostuvo Elba Stancich, de Taller Ecologista, de la ciudad de Rosario.
El miércoles, las organizaciones ambientalistas entregaron un documento sobre la Ley de Arrendamiento de las islas fiscales de Entre Ríos a los gobernadores Hermes Binner y Sergio Urribarri, en el cual exigen supeditar la renovación de los contratos de arrendamientos existentes y suspender toda nueva obra en las islas hasta tanto no esté elaborado el PIECAS-DP.

CONSTITUCIONAL. Para M´Bigua, estos hechos resultan más graves aún a partir del nuevo texto constitucional de Entre Ríos, que pone especial atención al sistema de humedales y su preservación, y a instrumentos de política ambiental como las evaluaciones ambientales estratégicas, el ordenamiento ambiental territorial, la defensa del bosque nativo y los estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
Por su parte, Miguel Alfaro, de la ONG Renacer de Villa Constitución, ya había alertado sobre esta obra en mayo del año pasado. “Primero sembraron trigo y obtuvieron excelentes rindes, y ahora tienen sorgo y soja; los pobladores de la zona han visto varias veces los equipos de fumigación, lo cual es casi un crimen para esta zona de alta importancia ecológica”.
De proyectarse este avance de agricultura industrial, se estaría iniciando el proceso de pampeanización de los humedales del Paraná Inferior, lo que constituiría el mayor atentado a la fuente de agua más preciada y de mayor prioridad para su preservación en el país, coincidieron los técnicos y ambientalistas.