Desde que el gobierno vio frustrado su intento de imponer la Resolución 125, ha venido desplegando toda su artillería con el claro y único objetivo de poner de rodillas al campo y no, como pretende comunicar, para hallar la solución que el conflicto requiere.
Según el director de Agritrend, licenciado Gustavo López, en el período que va desde 2002 a 2008, el valor de las exportaciones totales en granos, oleaginosas y sus derivados en industrialización alcanzó los 110.000 millones de dólares, es decir el 85% de un PBI, en tanto que lo recaudado por el gobierno en materia de retenciones lo sitúa en torno a los 28.000 millones de dólares, equivalente al 60 % de las reservas monetarias totales declaradas.
Como podrá observarse, no estamos hablando de cifras menores, sobre todo si tomamos como referencia no sólo la ayuda oficial anunciada, sino también la recibida por algunos productores agropecuarios.
Pero, para no confundirnos más y ordenar el debate, es necesario que identifiquemos los diversos componentes de la crisis-problema.
El primero a destacar es la política oficial que se viene desplegando desde hace tres años hacia el sector, tal como las sucesivas intervenciones al mercado con sus secuelas distorsivas; por ejemplo, en el de las carnes, la leche y el trigo; las permanentes trabas para otorgar los permisos de exportación, cuando en realidad casi el 80% de lo producido por el complejo granario tiene destino exterior; la ausencia de un plan agropecuario que fije los lineamientos de largo plazo para cada actividad y región del país. Y el serio riesgo, como consecuencia de lo dicho, de que la producción agropecuaria caiga en los próximos años en forma vertiginosa.
La otra cuestión que aparece sobre nuestro horizonte tiene que ver con la crisis inmobiliaria internacional, que al principio parecía tan lejana, según la óptica oficial, pero que cuando recaló en la economía real golpea no sólo al sector sino al país todo, básicamente por caída en la recaudación fiscal y en el menor ingreso de divisas del comercio exterior.
Y el último aspecto a evaluar es la sequía que estamos soportando, que agrava aún más la situación previa del interior y sus comunidades. Para mitigar sus nefastos efectos, las autoridades nacionales tienen la obligación de poner a disposición de los damnificados todas sus estructuras y recursos, tal como tienen que realizarlo con los hermanos de Tartagal.
Sin embargo, la respuesta oficial se circunscribe al otorgamiento de subsidios al voleo, a la entrega de cartas de porte en forma gratuita, a la promesa de suministro de maíz para los rodeos severamente comprometidos por la sequía y, actuando como broche de toda esta escenificación, los auspiciosos augurios sobre nuestro futuro que efectúa el gobernador Daniel Scioli, pero sin hacer absolutamente nada para procurar los recursos que permitan poner en plena vigencia la ley para el desarrollo del sudoeste bonaerense.
Si evaluamos lo que ocurre con el trigo, por ser junto a la ganadería puntales en la matriz productiva regional, podremos observar que, a pesar de la exigua producción de 8,3 millones de toneladas y de la sostenida demanda, los precios, lejos de encontrar su equilibrio en la suba, están atrasados como consecuencia de estar el mercado interno absolutamente distorsionado, con un agravante: a pesar de los discutibles mecanismos de control, el consumidor tampoco se ve beneficiado con los precios bajos.
El diferencial de precio que percibe el productor triguero --esto es, lo que tendría que recibir según la capacidad teórica de pago de la demanda y lo que realmente le llega, descontadas ya las retenciones que van a las arcas del gobierno-- lleva a que la producción resigne, tomando solamente enero de 2009, 106,94 pesos por tonelada. Si lo referimos a la producción total, estamos hablando de 887 millones de pesos.
Ahora bien, tanto sociedad como gobierno debemos abordar responsablemente esta difícil realidad y encontrar los mecanismos que comiencen al menos a destrabar el conflicto, teniendo en cuenta como una restricción no menor la que nos plantean funcionarios a diario: no se puede resignar caja.
Por otra parte, este gobierno ha demostrado su fuerte vocación reguladora, por lo que no sería descabellado solicitarle que establezca un precio sostén para la producción triguera, retroactivo al 1 de noviembre, a fin de que ningún productor se vea afectado y tomando como referencia los precios que diariamente publica la Secretaría de Agricultura de la Nación, y que son los que establece la capacidad de pago en función de la evolución internacional de las cotizaciones, deducidos los gastos de exportación.
Sin ser ello la solución requerida y tomando como ejemplo lo que ocurriría en el partido de Saavedra, que con una producción promedio de 1.200 kilos por hectárea, sólo pasaríamos de un quebranto de 261,14 pesos por hectárea a uno de 132.81 pesos, estaríamos encaminándonos hacia una situación al menos más auspiciosa para todos.

El ingeniero agrónomo Lionel H. Echeverz, autor de este comentario, reside en Pigüé.

Una ayuda oficial que despierta sospechas
La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca recomendó a sus asociados prudencia en el momento de utilizar el mecanismo de distribución de maíz que se instrumentó desde la Secretaría de Comercio Interior.
En un comunicado, la entidad gremial dice: "Preocupada por el futuro abastecimiento de carne, leche y sus derivados, según dice en sus considerandos --ni menciona la problemática del productor y de los pueblos del interior--, la Secretaría de Comercio Interior, al mando de Guillermo Moreno, sin siquiera la intervención de la Secretaría de Agricultura, dictó la Resolución 17/2009, de entrega de raciones para rodeos de hasta 300 cabezas en total de ganado en pie, o hasta 500 en casos de excepción, que no define cuáles son".
Tras indicar que no debió ser aquella secretaría la repartición interviniente, "la anunciada ayuda deja sospechas e intranquilidad al productor".
"Dispone que la compra del alimento será por cuenta y orden del productor; es decir, a su nombre, y que luego la Secretaría, eventualmente, lo abonará", señala.
Por lo tanto, sería el productor quien figuraría --dice-- como deudor por la compra hecha por su "cuenta y orden", y también quien sería pasible de reclamos y demandas si la secretaría terminara no pagando la compra.
"Pudiendo haberla hecho simple y transparente, ¿cuál es la razón de esta engañosa operatoria que pone en riesgo aún más al castigado ganadero?", se pregunta a continuación.
"Hemos pasado del reparto discrecional y sin control ni institucional ni de las entidades y comisiones de emergencia y desastre a esta retorcida operatoria 'por cuenta y orden' del supuesto beneficiario", advierte.
En consecuencia, Ganaderos "recomienda a los señores productores: si este mecanismo no se modifica, asesórese convenientemente antes de utilizarlo". Y al dirigirse a las autoridades, afirma: "Volvemos a reclamar institucionalidad y razonabilidad en las políticas relacionadas con la producción agropecuaria".