Concejales de Las Termas de Río Hondo y ambientalistas termenses y tucumanos buscan ahora, en el marco de una larga lucha contra la contaminación del embalse y de la cuenca Salí – Dulce, llevar la problemática a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que aseguran que los esfuerzos que se han hecho desde la Justicia y el Poder Ejecutivo nacional no han dado resultados visibles, y el drama continúa vigente.
El camino para llegar con el caso a la Suprema Corte tiene dos pasos, que se realizarán de forma paralela. Por un lado, aceitar las gestiones en la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde días pasados se dejó una carpeta con documentación técnica y periodística sobre la situación que se vive en el lugar. La Defensoría daría el aval clave para poder llevar el caso a la máxima instancia de la Justicia argentina. El otro paso es acelerar las causas que se tramitan en la Justicia Federal de Santiago. Son seis, que se presentaron desde el año 1994. La última ingresó en febrero pasado.
El jueves último, la concejala termense Anita Loto presentó un escrito en Fiscalía, para pedir que se unifiquen todas las causas. “La idea es reunir todo, para que se recuperen todos los datos, pruebas y presentaciones que hay al respecto – explicó la concejala – y reactivar todas las causas que están paralizadas”.
En este sentido, explicó que “la intención es demostrar que se ha paralizado todo esto, y que con todas las pruebas que hay no se ha tomado ninguna decisión importante, y que tampoco se ha cumplido el Plan de Reconversión Industrial, que lanzó la Secretaría de Ambiente de la Nación hace dos años”.
“Una vez probado que no funcionó nada, que se continúan tirando los desechos tóxicos, y que la situación no ha cambiado, se le va a pedir a la Corte Suprema que intervenga y tome una decisión”, remarcó la edila.
Asimismo, remarcó que, por causas que están en la órbita de la Justicia Federal de Tucumán, han sido procesados los responsables de la mayoría de los ingenios que contaminan la cuenca, y “la situación sigue igual, sin merma de el arrojamiento de efluentes, sin condenas, y con más muerte y daño ambiental”.
Las causas abiertas en los tribunales federales santiagueños son seis. La primera es de 1994, donde se pide investigar el problema de la contaminación, y la violación a la ley 24.051 de Residuos Peligrosos. En el 2000 se realizó otra presentación, del entonces Defensor del Pueblo, Baldo Kofler, por el mismo tema. En el año 2004 se emitió otro pedido para que se reactive dicho trámite. Ese mismo año, el nuevo defensor, David Beltrán, realizó la cuarta presentación, en esta ocasión se querella a la minera La Alumbrera por infracción al Artículo 200 del Código Penal, enmarcado en los delitos contra la salud pública.
Las últimas dos presentaciones fueron realizadas en enero de este año. Una por el actual defensor del Pueblo, Darío Alarcón, luego de la mortandad de peces y la aparición de una mancha azul de 16 kilómetros en diciembre de 2008, y otra por la concejala Anita Loto, también contra la minera La Alumbrera.
En el pedido realizado el jueves pasado, se consigna que “estos autos estarían totalmente paralizados, por los que el Sr. Fiscal debe requerirlos”.

Foto: Archivo Programa Infoambiente