El defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Álvaro Ulloa, anticipó ayer que podría recurrir a la Justicia para exigirle al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) que convoque a audiencia pública si es que quiere establecer un aumento en la tarifa de agua.
Todo va a depender de la nueva resolución que emita el organismo de control, luego de que el gobernador Juan Manuel Urtubey le ordenara que la suba no fuera del 25% como había sido resuelto incialmente, sino que no pasara del 12%.
Es que el artículo 30º de la ley de creación del Ente establece que deberá convocar a audiencia pública toda vez que la empresa o los usuarios soliciten "modificaciones de tarifas”. Sin embargo, este mecanismo ha sido eludido en otras oportunidades, con el argumento de que se trataba de una readecuación de las tarifas en función de mayores costos operativos.
Aunque está a la espera de la resolución definitiva, Ulloa entiende que esta recomposición tarifaria podría ser justificada en elementos técnicos como los consignados por el organismo de control en la resolución original, pero no por un porcentaje como el del 12% que parece estar más ligado al incremento de salarios que a la suba de los costos de Aguas de Salta.

Facultades
Aunque se mostró en favor de que el incremento de la tarifa de agua fuera menor al previsto originalmente, el Defensor del Pueblo entendió que Urtubey no tiene facultades para ordenarle al ente cómo debe ser fijado el precio de un servicio.
"El Ente es un organismo técnico autónomo y autárquico, para evitar cualquier tipo de injerencia del Poder Ejecutivo", concluyó.