Hemos informado ampliamente, estos últimos días, sobre algunas derivaciones de la intensa tormenta del pasado fin de semana. El río Gastona salió de su cauce y amenaza anegar poblaciones y campos de cultivo en una vasta extensión de la zona del sur de la provincia. Asimismo, el río Medinas avanzó sobre la histórica villa homónima, dejando como resultado el anegamiento de varias calles y numerosas viviendas afectadas, entre otros daños. Hemos consignado también, en el caso del Gastona, las quejas del vecindario acerca del papel desencadenante de las inundaciones que, a su criterio, cumplen las tomas hechas sobre el río. De parte de las autoridades, se estudia la posibilidad de un desvío del cauce.
El tema del desborde de ríos durante la época de verano -que es nuestra temporada de lluvias- está vigente desde tiempo inmemorial. Prácticamente no hay año en que dejen de producirse tales situaciones, que significan incalculables daños para los habitantes de las riberas y de las poblaciones cercanas. Es notable que, a pesar de la venerable antigüedad que rodea a tan penosos sucesos, todavía no se haya podido aportarles una solución integral, en beneficio de los muchos miles de afectados que cada inundación deja como saldo, para no mencionar los cuantiosos perjuicios económicos.
A fines del año pasado (ver LA GACETA 29/11) dedicamos una extensa nota a lo que denominamos “el drama de cada verano”. La Secretaría de Obras Públicas expresó que decir al público que el gobierno invertiría 200 millones en obras para prevenir anegamientos sería mentirle. Pero aseguró que se realizaron “trabajos de mitigación”, es decir, tareas que no resuelven el problema de fondo. Este, afirmó, depende del financiamiento, ya que se trata de “obras multimillonarias”, que aún contando con fondos para costearlas, demorarían de nueve a diez años. Se piensa que cuando se construyan los diques de Potrero de Las Tablas y de Potrero del Clavillo, para las cuencas de los ríos Lules y Medinas, respectivamente, podrá avanzarse realmente en materia de control de las aguas, además de otros beneficios. Pero tales obras aún no fueron licitadas.
La franqueza del funcionario delimita un cuadro que es más que suficiente para inquietar. Indica que, por ahora, no aparecen perspectivas de solución para la amenaza de las crecientes. Con trabajos de mera “mitigación” es obvio que no pueden contenerse cuando ocurren fuertes precipitaciones. Habría que agregar que tampoco parece manifestarse una política de contención de actividades que cooperan para dar fuerza devastadora al agua. Hablamos, por ejemplo, de la tala de árboles en zonas donde esas vallas de la naturaleza debieran ser respetadas celosamente. En nuestra provincia, como en cualquiera otra del país, existen obras de magnitud, que son imprescindibles pero se vienen demorando desde épocas remotas. En algún momento el problema debe ser encarado de modo frontal. Es el caso del desborde de los ríos, en Tucumán. Sin duda, se trata de trabajos onerosos. Pero ello no debe desanimar al Estado. Su obligación es persistir en la gestión de los fondos, para poder llevarlas a cabo, aunque sea en etapas, y de acuerdo a un plan de largo aliento que se cumpla por encima de los cambios de gobierno. Las obras de los diques citados no se licitan, en el caso de Potrero de Las Tablas, por observaciones del BID formuladas al proyecto, que se está modificando. En cuanto a Potrero del Clavillo, se espera que la Nación asista el financiamiento primario y la búsqueda posterior de fondos. Las tareas que agilicen la concreción de estos pasos -y de los siguientes- merecen una preocupación a fondo del Estado provincial.