Funcionarios y asesores legales de ambos estados se reúnen para definir acciones legales a seguir en torno a más de 200 hectáreas contiguas a El Calafate. El área está en litigio con un particular que reclama derecho sobre ellas. En esa zona se proyecta construir el nuevo hospital, la nueva planta de tratamiento de residuos cloacales y mudar el basural.
Las divergencias generadas entre particulares y el Estado provincial en torno a una superficie de más 200 hectáreas parecen encaminarse hacia un conflicto legal.
Funcionarios municipales y el asesor legal del ejecutivo comunal se trasladaron hacia la ciudad de Río Gallegos, a fin de reunirse con el Fiscal de Estado, Dr. Carlos Ramos y el Ministro Secretario General, Ing. Gustavo Martínez, para definir las inminentes acciones legales a seguir con el objetivo de tomar posesión de esa porción de tierra.
Las "211 Hectáreas" (en realidad serían 218) están ubicadas en el límite este del ejido urbano de El Calafate. Originalmente pertenecieron a la Estancia 25 de Mayo, propiedad de la familia Ariztizábal, que reclama propiedad aún en la actualidad.
Es que según habían manifestado a este medio en su momento, el Estado provincial habría expropiado esa superficie para destinarla a una zona de aproximación del aeropuerto que, finalmente nunca se construyó. Por ello argumenta que si el motivo de la expropiación no se cumplió la ley establece que las tierras deben volver al original dueño.
Bien diferente es la postura de la provincia, que dice tener documentación fehaciente de que esas tierras no fueron expropiadas sino adquiridas al dueño, pagando una parte y negociando otra parte con una deuda hipotecaria que el privado tenía con el en entonces Banco Provincia de Santa Cruz. El Estado provincial dice tener un boleto de compra venta fechado en abril de 1987, lo que avala su postura.
Las partes se mantienen en sus argumentos. Pero por parte del municipio y la provincia existe urgencia por hacerse de esas hectáreas para destinar una fracción a la construcción del nuevo hospital. Al mismo tiempo, en otro sector, prevé la instalación de la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales y el traslado del basural municipal.
"No tenemos ninguna duda de que las tierras son del Estado provincial", afirmó el diputado por el pueblo Jorge Arabel, que viene siguiendo al detalle este tema crucial para definir las obras públicas mencionadas y que son consideradas absolutamente prioritarias.
Arabel viajó hacia la capital provincial, acompañado por el asesor legal del municipio, el Dr. Juan Solari y el Director Gral. Administrativo, Juan Manuel Miñonez.
Lo hicieron llevando documentación requerida por la provincia, y en la sede de la Fiscalía de Estado ha sido analizada para definir los pasos a dar en el avance judicial. "En poco tiempo vamos a tener novedades muy favorables para la población de El Calafate y la provincia que van a recuperar las tierras que siempre debieron haber tenido", vaticinó Arabel en el programa "Radio Activa".
El legislador consideró que esta cuestión "no se resolvió en tiempo y forma por la picardía de algunas personas que ponen en riesgo el futuro y el bien común de la sociedad".
"Son tierras públicas que tienen un bien común que está muy por encima del interés particular", enfatizó Arabel.