Unas tarifas razonables, el acceso al agua en zonas rurales en las que no se tiene la seguridad de que la población pueda pagarla, la garantía de que la gestión no va a estar ligada a intereses comerciales. Éstos eran básicamente los objetivos que se perseguían cuando el Gobierno anunció (en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile de 2007) la creación de un fondo dotado con 1.500 millones de dólares (1.180 de euros) para Latinoamérica y aseguró que la gestión de los fondos sería pública. El dinero empezó a repartirse el pasado año (se dieron 300 millones) careciendo aún de un reglamento sobre su funcionamiento y organización. El borrador del real decreto que regulará este fondo, elaborado por el Ejecutivo y al que ha tenido acceso este periódico, ha eliminado (aparece tachado) el objetivo de fomentar la gestión pública del agua.
Un primer borrador, del pasado verano, decía en los "objetivos específicos": "Reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada gestión del sector agua que favorezca una gestión pública, transparente y participativa del recurso". En la última versión (de la semana pasada) -que se presentará el próximo jueves a la comisión de seguimiento de los planes de cooperación españoles y el Gobierno prevé aprobar en breve (presumiblemente, antes de la próxima reunión, a mitad de este mes, del Foro Mundial del Agua en Estambul)-, la palabra "pública" aparece tachada. Además, el texto, a lo largo de sus 19 artículos, evita las referencias a la gestión pública, por ejemplo, al hablar de los sistemas de suministro de los servicios de agua y saneamiento, de los organismos prestadores de servicios o de los representantes en el consejo asesor de fondo.
En cambio, los principios inspiradores del fondo de agua, redactados por el Ministerio de Asuntos Exteriores dentro del Plan Anual de Cooperación Internacional 2008, apuestan claramente por el impulso de la "gestión pública, integrada y participativa".
Los 300 millones de dólares (236 de euros) del pasado año se dieron íntegramente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aún no ha hecho nada con ellos y que además se queda con una parte de este presupuesto para costear la gestión. Ambas circunstancias han desatado el rechazo de las organizaciones y expertos que trabajan en cooperación. Estas ONG demandan que la gestión sea realizada por administraciones o por empresas públicas especializadas, que no tienen ánimo de lucro y han demostrado que pueden ser muy eficaces (como ocurría, por ejemplo, con el Canal de Isabel II).
Otro de los puntos negros de este proyecto es el equipo que lo ha puesto en marcha. Las ONG que se dedican a la cooperación llevan meses denunciando que la oficina de este fondo (ubicada en la Agencia Española de Cooperación Internacional) ha estado formada desde que se creó por una sola persona. Desde hace un mes cuenta con dos. A esta oficina corresponde, según el borrador de real decreto, recibir y valorar "las propuestas con anterioridad de su elevación para el análisis y aprobación" al Comité Ejecutivo del fondo.
En zonas rurales de Latinoamérica, 34 millones de personas carecen de agua potable y 64 millones no tienen saneamiento.