Este fin de semana, se realizó en Barranqueras, la Audiencia Pública con todas las entidades interesadas y usuarias del río Paraná y sus puertos, en la cual se opinó sobre la decisión nacional de renegociar el contrato con la empresa Hidrovías SA, que tiene a su cargo el dragado y balizamiento del canal de navegación en ese curso de agua.
En este caso, no sólo está previsto el mantenimiento del calado hasta Rosario a 36 pies y a 28 hasta Santa Fe, sino, además, desde el puerto local hasta Confluencia, a 10 pies, tramo que es generalmente recorrido por barcazas. Se incluye también el dragado del canal de acceso al Puerto de Barranqueras, estación portuaria a donde se han corrido los negocios de transferencias de cargas del NEA y Norte, ayudado esto por las obras de rehabilitación de ramales del Ferrocarril Belgrano Cargas.
Según se anticipó, el tramo desde Santa Fe a Confluencia estará libre de peaje por un plazo de 3 años, período luego del cual se habilitará una tasa para todas las embarcaciones. Habrá luego una segunda etapa de trabajo en el río, de Confluencia hacia Asunción.
A la negociación la lleva adelante el Ministerio de Infraestructura Federal de la Nación, y se prevé un nuevo contrato hasta el 2021 con un valor de 112 millones de dólares.
El doctor José Galetti, del Comité Federal de la Hidrovía Paraguay- Paraná, consignó que la Audiencia Pública es el mecanismo de consulta previsto en el proceso, y que se escucharon apoyos y discrepancias, la mayoría de éstas, vinculadas al ancho del canal desde Santa Fe hasta Confluencia, más que a su profundidad. Dijo que este punto había sido aclarado pormenorizadamente por los técnicos de Hidrovía SA.
Indicó también que se había planteado el paso por el puente General Belgrano, porque demanda el desarmado de los convoyes, en tanto que otro aspecto fue el de los peajes que quedó como una decisión a nivel político.

Posición del socialismo
Por su parte, la diputada nacional por Santa Fe, María Elena Martín, también asistente en la Audiencia Pública, indicó que luego de la reforma constitucional del “94, no había dudas de que los ríos y los recursos naturales pertenecen a las provincias, por lo que había solicitado la participación de éstas en el ente de control que también debe crearse. Explicó que por este motivo, los estados federales están facultados para intervenir en la determinación de peajes.
La legisladora socialista -quien es integrante de la Comisión de Intereses Fluviales de la Cámara de Diputados de la Nación- manifestó que “en el Acta se debía incorporar la obligación de contar con el estudio de impacto ambiental, aprobado por el Órgano de Control de la concesión, antes del inicio de las tareas y antes de cualquier modificación de sus planes”.
Y sin perjuicio de valorar la trascendencia económica de la obra para el desarrollo de la región, sostuvo que “la obra debe hacerse, pero debe hacerse bien, debemos aprender a respetar los límites que la naturaleza nos impone; muy caro ha pagado el mundo las irresponsabilidades”.
“Después de la reforma constitucional del “94, no hay duda de que los ríos y los recursos naturales pertenecen a las provincias; además, las tarifas de peaje que surjan impactarán en la producción local”, refirió la legisladora.
Asimismo, reivindicó para la provincia de Santa Fe, el incremento del dragado en el tramo que llega a la ciudad capital, y del canal de acceso al puerto de Reconquista, pensando en la desconcentración y en la perspectiva de planificar un mejor ordenamiento de la operatoria portuaria.