El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAA) presentó una querella criminal ante el Ministerio Público de Cochabamba, contra 11 ex funcionarios de Semapa por haber realizado malos manejos en la administración de la empresa de agua.
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, presentó una querella criminal ante el Ministerio Público de la ciudad de Cochabamba, contra 11 ex funcionarios del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, peculado, malversación, incumplimiento de deberes, prolongación de funciones y uso de instrumento falsificado, además de asociación delictuosa. El daño es de alrededor de tres millones de bolivianos y 800 mil dólares.
La querella está dirigida contra el ex gerente Eduardo Rojas Gastelú, además de René Jorge Montes San Román, Víctor Manuel Roa Ramírez, José Marcelo Montes, Ángel Lucio Barrera Alcoreza, Harry Yerko Arandia Quiroga, Nelson Gonzalo Tapia Claros, Edgar García Rocha, Juan Carlos Avilés Vargas, Mario Albino Soto y Óscar Vargas Padilla.
Las nueve irregularidades cometidas son en los contratos con Construmat Ltda., Viso Ltda., Semanario La República, Servicios profesionales, para provisión de antrasita, construcción del muro de contención planta Cala Cala, el pago a la estación de servicio Recoleta, el caso de descargo de facturas de Bill Gas y descargo de facturas falsas.
El Ministerio de Medio Ambiente presentó la querella a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Transparencia y Lucha Anticorrupción, que recogió informes sobre los manejos administrativos de la empresa del agua en anteriores gestiones.

LOS CASOS

* El 23 de enero de 2004, el entonces gerente general de Semapa, Eduardo Rojas Gastelú, y el abogado Nelson Tapia, representante legal, firman un contrato con la empresa Construmat Ltda. para la construcción de obras civiles, aducción y sinergia en el Municipio de Tiquipaya, con plazo de entrega de 198 días.
Sin embargo, la misma se paralizó y el 2007 a solicitud de la empresa contratista, argumentando daños y perjuicios económicos por la obra paralizada, se firma un contrato modificatorio, por un monto total de $us 192.019, el mismo que representaba el 29.63% del contrato original, y, por ende, era ilegal.
* Por otro lado, en el 2005, en la gestión de Gonzalo Ugalde C., se suscribe un contrato con Viso Ltda. para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable Taquiña, por un precio de $us 657.775, que debía ser entregada en un plazo de 180 días, pero como el proyecto no respondía a las necesidades del contratante, el 24 de noviembre del 2006 suscriben otro contrato por un monto de Bs 2.793.487, argumentando que el primer contrato sólo contemplaba la construcción de una planta con capacidad de 300 litros por segundo, algo totalmente falso.
* A su vez, se realizan dos contratos para la provisión de antrasita donde se determina el pago del 50 por ciento a la firma del contrato (anticipo) y el restante 50 por ciento a la entrega, aspecto que contravienen a las normas del Sistema Administrativo. Lo mismo sucede en el contrato para la construcción del Muro de Contención al Sur de la Planta de Cala Cala por Bs 76.480 donde se determina un anticipo del 50 por ciento y un 35 por ciento a los cinco días de iniciarse la obra, a pesar de que la norma sólo establece un 20% de anticipo, aspecto que contraviene las normas de Sistema de
Administración.

El dinero
* El 9 de octubre del 2006, el ex gerente de Semapa, emitió un memorándum, que instruye a Juan Carlos Avilés cancelar a Beatriz Morales Carrasco, la suma de Bs 23.000 por concepto de pago de gasolina de la Estación de Servicio Recoleta (6.150 litros).
* De acuerdo a la revisión de documentos se encontró que Morales no es propietaria, ni administradora de la estación de Servicio, además que un vehículo no consume tanta gasolina.
* En junio del 2006, el entonces asesor legal, Nelson Tapia Claros, hace un descargo de Bs 8.100 con facturas de BILL GAS por la compra de 360 garrafas de gas domiciliario. Descargo ilegal, porque contraviene el Art. 35 de la Ley 1178.
* En otro caso, se entregó 25 mil bolivianos a Óscar Gálvez, a objeto de instalar las oficinas de SEMAPA en la zona Sur de Cochabamba. Al momento de hacer su descargo presenta 7 facturas clonadas y falsas, algunas con fecha posterior a la rendición de cuentas.
* Asimismo, el entonces jefe de relaciones, Juan Carlos Avilés, suscribe un contrato con el Semanario la República para publicidad de tres meses, por publicación de la campaña: “Expansión de Agua en la zona Sur de Cochabamba”, por un precio de 2.290 dólares, cancelados el 60% a la firma del contrato y el 40% al finalizar. La publicación nunca se hizo, además que sólo hubo una orden verbal para iniciar el proceso.
* Finalmente, según el informe, el 26 de noviembre del 2007 y 30 de enero de 2008, el abogado Yerko Arandia, solicita el pago de honorarios profesionales e intima de mora, por un monto de $us 600.000, a pesar de que jamás trabajó asesorando en el caso BARTOS INCOTAR-CBI, como indica en la nota, donde se advierte la firma del ex asesor de SEMAPA, Eduardo Rojas Gastelú.