Los gobernadores de las provincias cordilleranas podrán reservarse el último visto bueno a la hora de definir el proyecto final de ley de protección de glaciares, vetada a fines del año pasado por la presidenta Cristina Fernández. Al menos así se desprende de la reunión de ayer de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que decidió pasar para la semana próxima el tratamiento de un proyecto alternativo ya consensuado con los gobiernos provinciales.
La decisión se adoptó para realizar una ronda de consulta con los senadores, representantes de las provincias por definición. El oficialismo, que pensaba tratar el asunto en la sesión del cuerpo de hoy, la primera del año, al final decidió postergarlo con el objeto de encontrar acuerdo en la ‘línea fina’ de la norma.
Ayer, el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, detalló ante los senadores los cambios realizados a la ley, votada por unanimidad del Congreso el año anterior y luego vetada por la jefa del Estado.
En la práctica, esos cambios incluyen una redefinición del concepto de zona periglaciar y la inclusión de las mismas como región de protección. Pero el punto central es que se quitó la obligatoriedad de la realización de una auditoría ambiental a los proyectos industriales en curso y se dejó en manos de las provincias las medidas a adoptar para que ese tipo de emprendimientos se adecuen a la ley si es aprobada (artículo 15).
El nuevo texto como el anterior establece la prohibición de “la exploración y la explotación minera y petrolífera” en zonas glaciares y periglaciares.
Desde los sectores ambientalistas levantan la voz. Son varios los que recuerdan la discusión de Ley de Bosques, que llevó más de un año, con acusaciones a los gobernadores de ser permeables al lobby sojero, y ahora son señalados por el lado minero.
De hecho, el veto de Fernández de Kirchner se produjo, luego de presiones de mandatarios provinciales, como la del sanjuanino, José Luis Gioja, a pesar de que ninguno de sus legisladores levantó la mano en contra del proyecto inicial cuando se lo trató en ambas Cámaras. Un senador del oficialismo reconoció que “el veto estuvo mal, fue un error”, pero no pudo explicar las razones del mismo. Sobre todo si se entiende que fue la Presidenta quien pagó el costo político de su decisión.