El kirchnerismo comenzó a avanzar con algunas dificultades en una nueva ley de glaciares. Uno de los principales cuestionamientos fue formulado por el radical santacruceño Alfredo “Fredy” Martínez, quien reprochó que, entre las prohibiciones para realizar obras de infraestructura o de arquitectura en los glaciares que fija el texto, se hayan exceptuado aquellas que fueran consideradas de “interés público”, porque se trata del mismo término con el que se define la actividad minera.
El nuevo proyecto llegó a la Cámara alta tres meses después de que Cristina Fernández de Kirchner vetara una norma que había sido aprobada por la amplia mayoría de los legisladores, despertando sospechas de que se quería beneficiar a compañías mineras. En el debate que ayer se realizó en la Comisión de Recursos Naturales, Martínez afirmó que la nueva redacción lleva al proyecto a “una zona de riesgo”. El secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, presente en la comisión, le respondió que tal riesgo no existía ya que existe una ley específica sobre impacto ambiental, y subrayó que en el inciso siguiente se plantea que estén excluidas la exploración y explotación minera o petrolífera. El porteño Daniel Filmus, titular de la comisión, recordó que el término “interés público” fue incorporado al proyecto a instancias del gobierno de Mendoza, por las obras en el Cristo Redentor y el Paso del Inca.
La competencia de las provincias fue otra de las objeciones. La salteña Sonia Escudero pidió que fueran más explícitas las facultades de las provincias sobre los recursos. En el veto presidencial se había afirmado que la ley podía afectar el desarrollo económico de los distritos. La minera Barrick Gold lleva adelante un millonario emprendimiento en Pascua Lama, la zona fronteriza que San Juan comparte con Chile, y también en Famatina, La Rioja.
En diálogo con este diario, el diputado Miguel Bonasso, impulsor de la norma vetada por Fernández de Kirchner, calificó de “insensatez reunirse para consensuar algo que ya tuvo el voto unánime del Congreso”. A fines del año pasado, la Cámara baja rechazó el veto presidencial. Como el resultado no llegó a los dos tercios del cuerpo, el veto quedó vigente. Después de eso, Bonasso volvió a presentar el mismo proyecto impugnado por la Presidenta. Eso explica el rechazo del diputado a participar de las deliberaciones en las que se diseñó el texto que ayer comenzó a debatirse en el Senado.
Las objeciones formuladas por el radicalismo, por la peronista disidente Escudero y otros legisladores, le impidieron al oficialismo lograr el apoyo mayoritario para que la nueva iniciativa desembarque hoy en el recinto del Senado. El debate continuará en la próxima reunión de comisión. Después de haber tenido algunas fugas dentro de su bancada, el oficialismo pretende que la futura norma tengo un consenso unánime. Una tarea de equilibrio más que compleja.