Mientras avanza el procedimiento legal para renegociar la concesión sobre el dragado y el balizamiento del río Paraná desde Santa Fe hasta el océano, en los últimos días surgieron cuestionamientos a la forma en que el Gobierno ha encarado la extensión del contrato con Hidrovía SA.
La crítica más sonora salió del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que calificó de "tramposa" la audiencia pública celebrada el viernes pasado en Barranqueras, Chaco. En ese encuentro, del que participó el gobernador Jorge Capitanich, se analizó la carta de entendimiento firmada en junio de 2007 entre la empresa y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), dependiente del Ministerio de Planificación.
Ese preacuerdo -que aún debe ser ratificado por varios organismos estatales y por el Congreso- considera diversas condiciones: extiende de 2013 a 2021 el fin de la concesión; amplía unos 600 kilómetros al norte de Santa Fe (hasta Corrientes) el área de dragado, se ratifican los aumentos ya otorgados en los peajes y se aumenta el nivel de calado de los tramos que ya estaban concesionados.
Mondino impugnó la audiencia pública porque "los datos volcados en el expediente resultan desactualizados e insuficientes" y se quejó de que no se podía analizar la situación de la empresa durante 2007 y 2008, un dato crucial para evaluar las tarifas que se le conceden. Fuentes de la Defensoría aclararon que es muy infrecuente que pasen casi dos años entre la firma de la carta y la audiencia pública.
LA NACION intentó consultar al jefe de la Uniren, Gustavo Simeonoff, pero el funcionario sólo respondió: "Yo no hablo con periodistas". Otras fuentes del organismo explicaron que la impugnación de Mondino fue planteada cuando ya había cerrado el registro de inscripción para la audiencia. Adelantaron que la respuesta de la Uniren figurará en el informe de evaluación, para lo cual tiene un plazo de 30 días.
Fuentes de Hidrovía -una sociedad de la belga Jan de Nul y la argentina Emepa, de Gabriel Romero- agregaron: "La carta de entendimiento aprobó un instrumento de medición económico al que se le pueden cargar los ingresos y egresos actuales para calcular la rentabilidad actual de la empresa", y que la compañía presenta sus balances trimestralmente. Además, indicaron que, en el momento de la firma de la carta, la rentabilidad era del 15% y ahora, del 7%, con lo que su situación actual es menos holgada que la reconocida por la Uniren.

Endeudamiento
Mondino también cuestionó que entre 80 y 90% del pasivo de Hidrovía está constituido por deudas con sociedades vinculadas. Según fuentes del sector, el mayor costo que tiene la empresa es el alquiler de las dragas, servicio que presta la Compañía Sudamericana de Dragados, que también pertenece a Jan de Nul. "Sólo en 2007 se pagaron intereses a empresas relacionadas por un total de 10,7 millones de pesos", dijo Mondino. Fuentes de la empresa respondieron: "Lo que se paga es el valor internacional de las dragas", y recordaron que Jan de Nul es la "dragadora número dos del mundo".
Otro de los puntos que se cuestionan es la dolarización de la tarifa para los transportes internacionales y los dos aumentos que ya recibió desde la crisis de 2001. El último fue en 2006, pese a que, a su vez, el tráfico fluvial y la cantidad de usuarios que pagan peaje aumentaron. La empresa sostiene que así se compensaron las obras de extensión del calado de 32 a 34 pies.
En la Defensoría del Pueblo critican la convalidación de esos aumentos porque "hay varios informes de la Auditoría General que señalan que no están justificados". También hubo informes contrarios de la Sindicatura General y una denuncia de la Oficina Anticorrupción, de la que Hidrovía salió sobreseída.
"Ese aumento se otorgó cuando el Estado dejó de pagar el subsidio [40 millones de dólares anuales hasta 2001]. Los usuarios aceptaron la tarifa porque el beneficio que obtienen es muy superior. Con dos pies de calado más, cada barco puede cargar 4000 toneladas más", dijeron en la empresa.