La ciudad de Tartagal ha sufrido semanas atrás terribles inundaciones que algunos atribuyen al “cambio climático”. Esta ciudad “intermedia” se encuentra dentro de uno de los territorios de mayor biodiversidad del país: la selva de las yungas y el Chaco salteño. Allí existen grandes reservas de petróleo, gas, agua, bosques y una importante diversidad de flora y fauna. Estas riquezas son explotadas, desde tiempo atrás, por el “agronegocio” y diferentes empresas petroleras dentro de un modelo económico productivo que se ha caracterizado como “extractivo-exportador”. Este modelo genera graves desequilibrios ecológicos y sociales. En efecto, muchas investigaciones demuestran que la deforestación indiscriminada por el avance de la frontera agropecuaria (expansión de la soja) y por los proyectos forestales, así como la extracción masiva de petróleo y gas y la contaminación del agua, han generado cambios ambientales y climáticos a escala planetaria. Como esta región no escapa a esta caracterización, estos territorios fueron afectados por cambios en el régimen de lluvias y las consiguientes sequías o inundaciones; desaparición de fauna y flora nativa y el paulatino agotamiento de recursos naturales. En el nivel social, estas prácticas productivas han avanzado sobre el territorio de diversas poblaciones indígenas (wichís, guaraníes-chulupíes y kollas), así como sobre comunidades campesinas.
Por otro lado, en esta región, la presencia del Estado estuvo signada, desde la década del ’40, por YPF, empresa estatal que marcó la geografía económica, social y cultural de la región generando lazos e identidades sociales que aún hoy tienen vigencia. Con la privatización de YPF en 1991, se resquebrajó este mundo social y se retrajo sensiblemente la actividad económica de las ciudades de Tartagal y General Mosconi. Desde esos tiempos atravesados por las privatizaciones menemistas, se registran alarmantes índices de desocupación y pauperización de sus habitantes. Según datos del Censo Nacional de Población del Indec, en 2001 la tasa de desocupación en estas ciudades era del 42 por ciento, mientras que en la ciudad de Salta era del 17,1. Recúerdese que los índices de despidos de YPF durante el proceso de privatización alcanzaron casi el 90 por ciento de su personal total.
La configuración de estos escenarios como consecuencia de las políticas públicas nacionales y provinciales desde mediados de los ’90 condujo a los habitantes de estas dos ciudades hermanas en su destino privatizador, a protagonizar diversas protestas sociales, puebladas y cortes de ruta en reclamo de puestos de trabajo, inversiones de infraestructura y tarifas accesibles (el gas, que se produce en la región, se abona el triple que en Buenos Aires). De estas protestas surgieron varias organizaciones (por ejemplo, la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi), que han construido un entramado de proyectos productivos, comunitarios, ambientales y educativos con los que intentan, de alguna manera, reconfigurar los lazos sociales perdidos. A sus demandas originales de trabajo genuino, estas organizaciones fueron sumando denuncias por la situación ambiental de la región, en las que preveían estas situaciones actuales. Simultáneamente generaron alternativas productivas al modelo extractivo-exportador hegemónico: realizaron proyectos para la reforestación de flora nativa y la recuperación de maderas de los desmontes, así como crearon una reserva ambiental de 4500 hectáreas en la zona de Yungas. Acciones similares vienen realizando las comunidades indígenas y campesinas, quienes sostienen con sus prácticas formas alternativas de utilizar y conservar los recursos naturales y el medio ambiente.
Muchos discursos que circularon estos días sostienen que las inundaciones fueron resultado de un “desastre natural” producto del cambio climático; pero, como intentamos sostener, las razones profundas se originan en el modelo productivo extractivo con el que operan las corporaciones y que se impuso sin contemplaciones en la región con Menem y las gobernaciones de la familia Romero (padre e hijo). Muchas de estas empresas madereras y agropecuarias se encuentran relacionadas con las familias de los gobernadores y legisladores. Por eso no es de extrañar que los legisladores nacionales salteños se opusieran a la sanción de la Ley de Bosques en el Congreso de la Nación, la cual el gobierno nacional demoró más de catorce meses en reglamentar. Tartagal y Mosconi fueron ciudades que conocieron tiempos de distribución de la riqueza, distribución desigual sin duda pero distribución al fin, cuando el petróleo era explotado por una empresa estatal y la voracidad sojera y cañera no se había desatado contra bosques y yungas.

* Sociólogo. Investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani (UBA).