El gobernador Daniel Scioli envió al Senado un proyecto de ley para pedir autorización a la Legislatura para contraer un endeudamiento por casi 300 millones de pesos para la ejecución de obras de infraestructura regional.
En la iniciativa ingresada ayer, el Gobernador solicita facultades para "recurrir al financiamiento previsto en la ley nacional 24.855 de creación del fondo fiduciario federal de infraestructura regional, régimen al cual ha adherido (la Provincia) a través del decreto 382/98, por hasta la suma de 600 millones de pesos, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios".
El proyecto, que en la práctica eleva la cifra inicial de endeudamiento de 316 a 600 millones comprendida en el fondo fiduciario, también contempla la modificación del listado de obras que serán ejecutadas a través de este programa.
En este sentido, son incorporadas dos importantes obras para el sur del Conurbano. Por un lado, se agrega la construcción y puesta en funcionamiento de las estaciones de bombeo del Arroyo del Rey y Arroyo Unamuno, en el partido de Lomas de Zamora y, por otro, se establece el saneamiento hidráulico de la cuenca del Arroyo Finochietto, en el partido de La Matanza.
Para que todo esto sea posible, la Legislatura deberá sancionar la modificación del artículo 1 de la ley 12.372, en la que se autoriza al Ejecutivo a contratar el financiamiento del fondo fiduciario federal de infraestructura regional con destino a obras hidráulicas y viales.

TRES PROYECTOS
Además de la iniciativa vinculada al endeudamiento para obras de infraestructura, el Gobernador envió al Senado otros tres proyectos de ley.
En una de las iniciativas solicita la sanción de una ley que autoriza al ministerio de Justicia a celebrar un convenio con el Colegio de Abogados, el Colegio de Escribanos y el Consejo de Ciencias Económicas bonaerenses, con el objetivo de que éstos presten colaboración con la dirección de Personas Jurídicas para acentuar el perfeccionamiento y celeridad de sus métodos operativos.
En otro de los proyectos se solicita la prórroga, a partir de su vencimiento y por el término de seis meses, de la ley 13.941 relativa a la disolución de los juzgados de Transición. Y el último apunta a modificar la ley 13.943 que introdujo cambios en el Código de Procedimiento Penal.