En el año 2005, Bruno Leiva, un poblador del paraje Yahaveré le inició una demanda a la firma ganadera ex Forestal Andina para que derrumbara un terraplén de 1.500 metros construido en los Esteros del Iberá, Corrientes, en plena reserva provincial. Tras apelaciones por parte de la empresa, el caso llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia, que rechazó el “recurso de inaplicabilidad de ley” presentado para evitar el derrumbe de la obra. Lejos de detener la construcción, ésta continuó avanzando hasta alcanzar los 30 kilómetros de longitud.
El terraplén -de 1,5 m de alto y 6 de ancho-, según determinaron jueces, la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal correntino, es una construcción nociva para el medio ambiente, ya que impide el normal escurrimiento de las aguas en el Iberá. Además, la obra puede provocar inundaciones aguas arriba debido al represamiento que produce, alterando de forma irreversible el flujo de las aguas del Estero, un humedal único en el país y en el mundo.
Durante el último tiempo, arroceras a gran escala y forestación con monocultivos de especies exóticas avanzaron sobre lomas y malezales, sobre todo en la periferia del sistema, donde el uso tradicional era la ganadería extensiva. Los expertos coinciden en que la ocupación del Iberá se está haciendo de una forma que no responde a instancia alguna de planificación territorial.

Región amenazada
Los Esteros del Iberá, un humedal de agua dulce de aproximadamente 1.400.000 hectáreas, ubicado en la provincia de Corrientes, es considerado como uno de los ecosistemas de agua dulce más importantes del planeta. A su vez, es un excepcional reservorio de biodiversidad y un refugio para especies amenazadas de extinción, además de constituir uno de los sitios de atracción turística entre los de mayor potencial del país.
El área es un hábitat de más de un centenar de especies de peces, 40 de anfibios, 60 de reptiles y unas 345 aves, además de mamíferos como el aguará-guazú, el lobito de río y el venado de las pampas.
La reserva es compartida entre el Estado provincial y propietarios privados. Las autoridades controlan sobre todo las aguas, mientras la mayor parte de la tierra está privatizada y dedicada a la explotación ganadera y forestal, a la agricultura y al turismo.
A pesar que la Justicia dictaminó en 2007 derrumbar la obra, el terraplén sigue en pie, con los peligros que representa para el medioambiente como para las poblaciones aledañas. Patricia Mc Cormack, abogada de los demandantes, explicó que “el expediente está en proceso de ejecución”, pero que hay “dilaciones” en el trámite.
Una vez que la máxima instancia judicial se pronuncia, el cumplimiento no es automático. “La sentencia está firme, pero hay que definir cómo y cuándo se va a demoler, y para eso se vuelve a primera instancia, y ahí ya no tiene plazo. Los tiempos de la Justicia son lentos, pero si no cumplimos con las formalidades nos pueden pedir la nulidad de todo el proceso”, alertó la magistrada.