Los senderos de la política muchas veces son intrincados, y en ocasiones hasta inexplicables: aunque la defensa de un medio ambiente sano frente a Gualeguaychú fue el argumento oficial que disparó el intransigente conflicto con Uruguay por la instalación de la pastera Botnia en las costas de Fray Bentos, el gobierno argentino jamás trazó un plan nacional para preservar la calidad de las aguas del río Uruguay, y ni siquiera conoce cuáles son los agentes contaminantes que día a día las degradan a lo largo de toda su cuenca.
Planteada hace más de dos años, esta investigación tenía el objetivo de comprobar el verdadero interés oficial por la salud ambiental del río y su cuenca, recorriéndolo por completo para tomar muestras de agua y analizar su calidad: así podría verse cuán limpias y cuidadas estaban, qué otras amenazas contaminantes padecían y cuáles eran las acciones del gobierno para conjurarlas. Pero una encumbrada investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que atendió a este diario a cambio de mantener su nombre en reserva, desalentó la idea: "por desgracia, en el río Uruguay no hay estudios de base que permitan detectar los eventuales cambios que provoca la contaminación. Hablo de análisis geológicos, hidrometeorológicos, de caudales máximos y mínimos en distintas épocas del año y a través de varios años para tener un promedio histórico; estudios de sedimentos, de los ríos y arroyos afluentes, de los usos del suelo en las adyacencias. Sólo hay más información, aunque parcial e inconexa, en la parte baja del río".
Clarín quiso chequear este intrigante diagnóstico. Con colaboración de la Asociación por los Derechos Civiles, y a través de pedidos de acceso a la información pública, consultó a media docena de organismos para saber si existía un relevamiento integral de empresas y explotaciones agroganaderas que pudieran contaminar el río, si existen políticas para revertir la contaminación actual y prevenir la futura, y si hay un diagnóstico y un plan para gestionar el río Uruguay en todo el tramo argentino.
Las respuestas fueron casi calcadas. Ni la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ni el Instituto Nacional del Agua, ni la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tienen estudios "para determinar si hay contaminación en el río Uruguay" por "no ser de su competencia", ni tampoco "se han formulado políticas" al respecto, "ni existe plan ni diagnóstico" sobre la salud ambiental del río. La Prefectura Naval Argentina, que según la ley 18.398 "debe verificar el cumplimiento de las normas que prohíben la contaminación de aguas fluviales", primero negó tener datos sobre el río Uruguay, y ante la insistencia de Clarín admitió que hace "los correspondientes relevamientos", pero "por el momento la información no está sistematizada de tal forma que pueda ser útil para dar a difusión". Qué lástima. Aunque suene increíble, la secretaría de Ambiente de Entre Ríos dice que "no poseemos datos sobre los estudios del estado del río Uruguay", ni sobre las explotaciones agropecuarias locales.
Varios de estos organismos oficiales descargaron su responsabilidad en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el ente binacional señalado por todos como dueño de algunos de los datos que se buscaban. Pero el secretario técnico de esa comisión se excusó de dar información "atento a las instrucciones recibidas por ambos gobiernos", y sugirió canalizar el pedido a través de la Cancillería. Pasaron los meses, y la nueva solicitud de Clarín volvió a llegar hasta la CARU. Esta vez la respondió el presidente de la delegación argentina, el embajador Hernán Orduna. ¿Para brindar información? No, para negarla. "Se trata de temas de carácter reservado", dice el embajador, amparándose en la resolución 817/2006 del canciller Taiana. ¿Un detalle? Esa Comisión binacional sólo entiende en el tramo del río que comparten Argentina y Uruguay, unos 508 kilómetros, y ni siquiera tiene poder de policía para intervenir ante hechos de contaminación. Todas las respuestas oficiales pueden leerse en clarín.com.
El ingeniero Marcelo Gaviño Novillo coordina el Programa Regional de Ecohidrología de UNESCO para América Latina, y sacude la cabeza ante Clarín: "El principal problema de nuestros ríos es la gobernabilidad: nadie sabe qué pasa, dónde están los principales problemas y cómo organizar una respuesta a ellos. Y en cuencas olvidadas como la del río Uruguay -una de las menos analizadas del Mercosur- tenemos desastres silenciosos desarrollados en pequeñas cuotas mensuales, de los que nadie se ocupa. Desde el siglo XIX, el Uruguay siempre fue visto como un eje fluvial y no como un sistema vivo." Gaviño Novillo es uno de los tres autores que hace nueve años redactaron el exhaustivo "Informe sobre la gestión del agua en la Argentina", cuyas apreciaciones eran lapidarias: no existe una legislación nacional de aguas, y la que hay se incumple en forma generalizada; no hay metas de calidad de agua ni información integral de los recursos hídricos; varios organismos manejan estaciones de medición de calidad sin ninguna organización, que producen datos dispares y que se guardan en distintos lugares. Para sintetizar, el trabajo suelta una advertencia: "el Estado perdió capacidad de orientar estratégicamente los procesos de decisión del desarrollo hídrico". "Y en casi una década no cambió nada", se lamenta el ingeniero.
Indefenso, silente, el río Uruguay permanece en el olvido oficial. Es de todos y de nadie. Viven de él, lo disfrutan, lo contaminan, lo padecen y lo explotan su más de millón y medio de vecinos, tres países, once provincias, noventa y siete municipios, decenas de organizaciones civiles y asambleas populares, cientos de pequeñas empresas, miles de pequeños productores rurales, pescadores, navegantes y turistas. Su preservación y eventual restauración de los daños ambientales cometidos casi no fueron tenidas en cuenta hasta ahora por los organismos oficiales "administradores".
Uno de estos entes es la CARU, creada por los gobiernos de Argentina y Uruguay en 1975 para "institucionalizar un sistema de administración global del río en el tramo que comparten", es decir sólo del tercio inferior del total de su cuenca. Recién en 1987 creó un "Programa de Calidad de Aguas y Control de la Contaminación del Río Uruguay" (PROCON), para "conocer la calidad actual de las aguas del río" y "permitir analizar en el futuro los cambios que pudiera sufrir". "Pero aunque hay otros estudios y mediciones parciales, el PROCON dejó de existir hace unos cinco años, y es gravísimo", se lamenta Ricardo Artusi, ex integrante de la subcomisión de Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental de la CARU y diputado provincial de Entre Ríos por la UCR. Aunque defiende el rol de la Comisión, Artusi admite que su programa de control de efluentes industriales era de adhesión voluntaria por parte de las empresas, y dice que "falta evaluar con más exactitud el impacto tremendo de los líquidos cloacales que la mayoría de las ciudades ribereñas vuelca crudos al río, así como medir con más precisión la influencia negativa del uso de agroquímicos en la calidad del agua". Nada menos.
Ese desinterés también se refleja en el casi nulo trabajo de las organizaciones no gubernamentales sobre el río. Un alto ejecutivo mundial de Greenpeace admitió ante Clarín que "nadie financia estudios ni acciones sobre el río Uruguay. En Sudamérica los ríos taquilleros son el Paraná y el Amazonas, para el resto no hay plata".
Pero algo se hace. O se intenta. En octubre de 2002, cuando la polémica por la futura instalación de las pasteras Botnia y Ence cerca de Fray Bentos apenas comenzaba a insinuarse, los municipios uruguayos y argentinos adyacentes al río junto con la CARU firmaron un "Plan de protección ambiental del río Uruguay". Un análisis del proyecto, sin embargo, revela que entre las acciones previstas había algunas alarmantemente obvias ("desarrollar un inventario de descargas líquidas puntuales al río", "exigir el tratamiento de los efluentes líquidos volcados al río") y otras bastante singulares, como formar grupos de voluntarios con estudiantes secundarios que tomen muestras mensuales de agua "para la medición de pocos parámetros" que junto con otros "permitan calcular un índice de calidad" y "en base a esos resultados establecer orígenes probables de contaminación". Con otro grupo de voluntarios se pretendía relevar "los fertilizantes y biocidas utilizados en toda el área", y para prevenir los efectos contaminantes de la represa de Salto Grande se buscaba "impulsar el cumplimiento de las regulaciones existentes". Suena al menos un poco amateur.
Otra institución que se ocupa de la salud del río -en el mismo tramo en que trabaja la CARU- es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), otro organismo oficial binacional creado en 1946 para administrar la represa operada desde 1979 sobre el río, y unas 500 hectáreas de tierra circundante. La Comisión comenzó un estudio de impacto ambiental de la represa en 1978 y lo terminó en 1983. Recién entonces se delineó el Programa de Vigilancia Ambiental Permanente, a cargo del departamento Ecología de la comisión. "La explotación actual de la cuenca y su escasa protección ambiental ha obligado a la CTM a implementar una vigilancia intensa de la calidad de agua del embalse, localizada en dos aspectos fundamentales: la presencia de agroquímicos y metales pesados; y el aumento creciente del impacto urbano y turístico". Aquí aparecen, al fin, dos de los agentes contaminantes más nocivos sobre las aguas del río (ver infografía). La Comisión Técnica Mixta monitorea las aguas, vigila los efluentes vertidos por la represa, evalúa la reproducción de peces y controla la fauna y cría ejemplares de algunas especies en extinción. No hay obligaciones legales para restaurar los ecosistemas dañados, ni para relevar, controlar y denunciar los nuevos focos contaminantes. ¿Suena muy exigente? Sin embargo se hace. Y en el mismo río Uruguay. Pero muchos kilómetros al norte, en las dos represas hidroeléctricas que funcionan en Brasil.
Junto con los indudables beneficios que las represas hidroeléctricas aportan para mitigar el creciente déficit energético que enfrentan las economías en desarrollo, sus diques suponen una fuerte intervención en el ecosistema de los ríos, que sólo en los últimos años comenzó a ser tenida en cuenta por los gobiernos. Además de implicar el desplazamiento de los habitantes de la zona inundada por el embalse, los ambientalistas las señalan como aceleradoras del cambio climático, porque la descomposición de la tierra y vegetación inundada por el embalse y los desechos provenientes de la cuenca alta emiten grandes cantidades de gases del efecto invernadero.
Salto Grande no es la única represa construida sobre el río Uruguay: en el tramo brasileño funcionan las usinas de Itá y Machadinho (ver infografía de la página 32), y en los próximos seis años serán construidas otras tres. Dos de ellas, Garabí y Santa María, fueron avaladas por Cristina Kirchner y Lula Da Silva en septiembre pasado, y se realizarán junto a Brasil frente a la ciudad correntina de Garruchos. Aunque aún no se conoce el plan ambiental bajo el cual se gestionarán las obras, varios grupos ambientalistas argentinos y brasileños ya comenzaron a movilizarse para resistirlas. Otra represa que será inaugurada en agosto de 2010 es Foz de Chapecó, a unos 60 kilómetros al este de la frontera con Misiones. Aunque semi abandonado, Argentina mantiene en carpeta el embalse de Pepeají o "Salto Chico", aguas abajo de Salto Grande, y sigue adelante con los proyectos binacionales de Roncador -al sur de los bellísimos y misioneros Saltos del Moconá- y San Pedro, en el sur correntino. En el tramo brasileño del Uruguay ya comenzaron los estudios para la represa de Itapiranga (casi en el límite con Argentina) y hay planes de levantar otras 20 usinas sobre el río y sus afluentes. El impacto final de las obras enérgeticas que terminen llevándose a cabo dependerá del espacio que la nueva agenda ambiental encuentre entre sus ingenieros y líderess políticos.
Las represas acentúan otro factor de contaminación que según distintas fuentes es el más nocivo para el río Uruguay: la constante lluvia sobre sus aguas o filtración a través de los acuíferos subterráneos de enormes cantidades de agrotóxicos utilizados para la agricultura. ¿Cómo actúan sobre el río? El nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio que contienen los fertilizantes, herbicidas y pesticidas nutren las aguas de una excesiva cantidad de nitratos. La luz del sol se combina con esos elementos químicos y provoca la aparición de algas, que muchas veces se ven flotando a la deriva o amontonadas en los recodos de la costa. Como en Argentina el Uruguay es un río de llanura -su flujo es casi nulo en el tramo inferior, y cuando hay sudestadas la corriente asciende en lugar de bajar-, la luz solar penetra en el agua hasta zonas bien profundas, acelerando y multiplicando este proceso llamado eutrofización. Las algas, a su vez, van quitando luz al río, impidiendo la fotosíntesis y matando la vida por falta de oxígeno.
El mes pasado, una mancha oscura que se extendió sobre la superficie del río cerca de la planta de Botnia multiplicó los temores y las denuncias de contaminación, hasta que los gobiernos argentino y uruguayo le quitaron importancia al evento: "sólo son algas". Pero hace un año, el 28 de enero de 2008, la CARU difundió un alerta en toda la zona adyacente al lago de la represa Salto Grande: "Si hay algas verdes azuladas hay que tomar algunas precauciones debido a que producen toxinas que causan problemas en la salud", se avisaba. "Si en el agua se ve como yerba dispersa, eso significa que puede bañarse en el río, pero debe lavarse después con agua limpia. Si se ve una masa pastosa verde oscura o amarronada, se recomienda no bañarse." El texto también aclaraba que se había capacitado a los hospitales de la zona para "monitorear las consultas médicas de casos de dermatitis o intoxicaciones que pudieran corresponder a las toxinas de las algas".
Otro esfuerzo aislado por detectar y mensurar la contaminación del río corresponde al Grupo de Estudio Contaminación del Río Uruguay, un equipo de científicos de la facultad regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional, que en los últimos diez años desarrolló distintos proyectos para conocer la calidad de las aguas del río, establecer modelos matemáticos sobre su contaminación y conocer la magnitud del efecto de la contaminación del Uruguay por las descargas cloacales e industriales en el entorno de las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Su director, Julio Cardini, explica que "el agua es en general apta para la vida acuática, pero en varios sitios de la cuenca baja hay restricciones para bañarse. La contaminación cloacal es muy fuerte en las playas de Colón y Concepción del Uruguay, donde se suman las descargas de esas ciudades con las de Concordia y la uruguaya Salto. En Colón registramos coliformes fecales con valores hasta cinco veces más altos del tope que fija la CARU. Gualeguaychú, que tenía graves problemas, pudo mejorar bastante." ¿Otra buena? "En los últimos años progresó mucho el control de las industrias en Entre Ríos."
Además de contaminar, la suciedad cloacal ofrece una paradoja: es causada por los mismos vecinos que la padecen, y que muchas veces reclaman en las asambleas otras acciones ambientales.
A Juan Martín "Cucho" Rivas las palabras se le caen en ráfagas, entrecortadas por risitas nerviosas que acrecientan su simpatía. Junto con su hermano Andrés y su amigo Hermann Feldkamp, hace tres años recorrió durante setenta días toda la cuenca del Uruguay en canoa, para registrar sus amenazas."Sentimos que el río está al límite, casi condenado a muerte", susurra Cucho. "Son muy pocos los lugares en los que está en estado puro y natural, en la zona de los saltos del Moconá, en Misiones, cuando el río entra en la Argentina. También entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Todo el resto está modificado por el hombre, y eso genera mucha preocupación y nos instala una gran pregunta para el futuro." La expedición se llamó "El agua manda", y terminó en Puerto Madero con la firma de una carta para el entonces presidente Néstor Kirchner. "Hemos visto con gran preocupación cómo la actividad humana pone en riesgo al río, fuente de vida y biodiversidad. No podemos permitir que esto continúe así", dice el texto. "Rogamos tenga en cuenta nuestro urgente y desesperado pedido, que es el pedido también de los futuros habitantes de la Tierra", concluye la carta. Nunca tuvo respuesta.

Las represas y la receta de Brasil
Entre sus habituales decisiones estratégicas a largo plazo, Brasil eligió a las represas hidroeléctricas como el camino más limpio para ampliar su capacidad energética. Pero esa decisión vino acompañada de un fuerte plan ecológico para mitigar los daños de las obras: bajo exigentes leyes firmadas en los últimos ocho años, los concesionarios privados que las operan deben relevar, cuidar y restaurar los efectos negativos de los diques.