El diputado nacional por Misiones, Miguel Iturrieta (FPV), presentó un proyecto de resolución por el que exige al Ministerio de Relaciones Exteriores que "actúe con firmeza ante la eventual construcción de una nueva represa por parte del Brasil en el curso del río Iguazú, obra que podría afectar a las cataratas, cuya jurisdicción es compartida con la Argentina".
Acompañado con las firmas de sus pares Fabiola Bianco, Diego Sartori y Julia Perié, entre otros, el pedido de los legisladores apunta a que "se revise el emplazamiento de la central hidroeléctrica que construirán los brasileños a menos de un kilómetro del Parque Nacional, por su inevitable impacto en el caudal de los saltos que conforman las cataratas del Iguazú.
Además, impulsa que se gestione ante la República Federativa del Brasil "un tratamiento acorde para ambos márgenes del Iguazú, estableciendo parámetros mínimos para su conservación y el desarrollo de actividades sustentables". A los daños ambientales -sostienen los diputados misioneros- se sumarán los no menos importantes perjuicios socioeconómicos, siempre que se considere que las cataratas constituyen el recurso turístico más importante con que cuenta esta provincia.
Según dejan constancia en su proyecto, los diputados sostienen: "Nuestras cataratas constituyen una de las mayores bellezas naturales de la Argentina, siendo uno de sus principales destinos turísticos motor de la economía regional de la zona. La construcción de una usina hidráulica por parte del gobierno brasileño en Leónidas Marques, estado de Paraná, localidad cercana a Andresito, Misiones, en un punto ubicado a mil metros de los límites del Parque Nacional, genera preocupación por el significativo impacto que ésta pueda tener sobre el caudal de agua del río internacional, además de producir alteraciones de los ecosistemas, perjudicando la flora y la fauna local".

Sin respuestas
Las autoridades del Parque Nacional Iguazú formularon la semana pasada su oposición a esa decisión del vecino país. No obstante, no han recibido ninguna contestación.
El intendente del parque argentino, Daniel Crosta, afirmó que se realizó una presentación ante funcionarios de Foz Iguazú para expresar su oposición al proyecto, ya que "afectará seriamente el delicado ecosistema de la zona", el que no debería ser alterado "porque así lo dispuso la Unesco, en 1984", explicó.
Pese a los reclamos de autoridades argentinas y de entidades ambientalistas brasileñas, el gobierno encabezado por Lula da Silva ya adjudicó el proyecto a la empresa Neoenergía.
Los trabajos comenzarían dentro de seis meses y estarían terminados en 2011. El lugar elegido se encuentra dentro de la jurisdicción del municipio Leónidas Marques, cercano a la población misionera de Andresito, en el ángulo nororiental de la provincia.
La nueva represa se llamaría Baixo Iguazú o Capanema, tendrá 350 megavatios de potencia, un embalse que inundará 13.000 hectáreas y será la sexta que los brasileños emplazan sobre el Iguazú.
No existe convenio entre las dos naciones que son condóminos en el tramo final del río de 100 km de extensión (donde están las cataratas), por lo que el manejo del caudal en su curso superior es unilateral. Así responde a las necesidades de consumo eléctrico del mercado interno de los dueños de las obras, en este caso los brasileños.
El Tratado de la Cuenca del Plata (contempla además intereses del Uruguay, Paraguay y Bolivia) establece que cualquier modificación de los cursos fluviales que se ejecuten, tanto aguas arriba como aguas abajo, debe ser comunicada con antelación a los países que pueden ser afectados.