Ante la posibilidad de que este emprendimiento afecte el ecosistema de la zona, autoridades del Parque Nacional Iguazú formularon ya una oposición formal ante sus pares de Foz de Iguazú.
En tanto, la cancillería argentina también presentó una carta en la que solicita una serie de informes sobre la obra al gobierno brasileño. Ésta fue enviada por el embajador argentino en el país vecino, Juan Pablo Lohle, a principios de enero, y aún no obtuvo respuesta, informó el diario La Nación.
Si bien la ley y los acuerdos internacionales no obligan a Brasil a realizar una consulta previa ante un emprendimiento de estas características, existen entendimientos previos por los que debería informar sobre este tipo de iniciativas.
La construcción de esta nueva represa quedó en manos de la empresa Neoenergía. La obra comenzará en seis meses y estiman que estará terminada para 2011. Se ubicará en el municipio brasileño de Leónidas Márquez, en el estado de Paraná, muy cerca de la población misionera de Andresito.
El nombre que llevará será Baixo Iguaçu o Capanema, tendrá 350 megavatios de potencia y un embalse que inundará 13 mil hectáreas, lo que implicará la relocalización de 350 familias.
En el curso principal del río Iguazú sobre tierras brasileñas operan cinco centrales hidráulicas desde hace 30 años, a las que se le suman media docena de diques menores en sus afluentes. Debido a esto, hace un tiempo que operadores turísticos, fotógrafos, guías, canoeros y guardabosques denuncian las bajantes y subidas artificiales del río cada vez que se ponen en funcionamiento las compuertas.
También tres asociaciones ecologistas de Brasil presentaron quejas ante las autoridades de su gobierno, sin obtener respuesta alguna.