Después de diez días de reclamos masivos y descontento vecinal con el "tarifazo" en los servicios de agua corriente y cloacas, ABSA comenzará a evaluar descuentos en las boletas de quienes se consideren "imposibilitados" de pagarlas. Desde las 15 de hoy, en las oficinas de la empresa provincial se recibirá la documentación que presenten los usuarios en busca de bonificaciones.
Los voceros de la prestataria hicieron hincapié en que habrá una evaluación minuciosa de cada caso particular, y que quienes acrediten dificultades económicas podrán gozar de exenciones parciales o totales por el plazo de un año como máximo. Para lograrlo, deberán llevar ante los mostradores de Aguas Bonaerenses documentos personales -incluyendo DNI, CUIT o CUIL (fotocopia)-; la última factura del agua, acompañada por las de otros servicios -por ejemplo electricidad, gas, teléfono y cable-; contrato de alquiler -si se es inquilino- o fotocopia de la escritura -en caso de ser propietario-; y constancias que acrediten la condición de desocupado, jubilado y/o pensionado.
Las solicitudes se recibirán en todos los locales comerciales de Aguas Bonaerenses, pasado el horario de cierre habitual, y hasta las 18. En Berisso y Ensenada, la "atención personalizada" se brindará entre las 14 y las 17. Si bien en ABSA aseguran que habrán respuestas "a la brevedad", se aclaró que la mera presentación implicará que sea diferido el pago de las boletas de la discordia.
El operativo anunciado apunta a encauzar la avalancha de quejas que se registra en 5 y 49 desde el lunes 2 de marzo, cuando se generalizó el arribo a los hogares platenses de facturas con aumentos que llegaron hasta el 700 por ciento. Empero, el gobierno provincial sostiene que no se trata de una suba sino de una "recategorización" de usuarios que llega tras 18 años de atraso, basada en la valuación fiscal que se calculó para los inmuebles durante 2005.
Concretamente, el precio que el Estado le asigna al agua domiciliaria y las cloacas no depende de parámetros de consumo, sino de estimaciones basadas en factores urbanos y edilicios -zona de residencia, superficie de las propiedades-. Esto lleva a que una propiedad abandonada o desocupada pague eventualmente lo mismo o más que otra en pleno uso.
En este contexto, hay quienes vieron sus facturas subir de $19 a $67, $11 a $76, o $18 a $60, entre otras combinaciones. El golpe al bolsillo indignó especialmente a los jubilados, que en no pocos casos adelantaron que no cancelarían sus deudas. "Los servicios se deberían medir por consumo; lo que corresponde es que ABSA invierta en instalar medidores como pasa con la luz y el gas" subrayó Marisa Lasagna, que pasó de pagar $11 a $67 en su casa de City Bell: "de esa manera habría un consumo responsable y una carga justa para cada usuario. Tal como están planteadas las cosas, el agua es un impuesto más y de los caros".
Según el gobierno provincial, la "recategorización" sólo alcanzó a uno de cada diez usuarios -en total, unos 100 mil-. El titular del Ejecutivo bonaerense, Daniel Scioli, señaló que "está directamente relacionada" con un plan de inversión "para mejorar la calidad del agua" y puso en relieve que "son tarifas que no se tocaban desde 1991", aunque aclaró que "si hay alguna aplicación injusta se revisará y evaluará, como hicimos con todo".
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