El nuevo proyecto de ley de defensa de los glaciares “deja sin protección” el área periglacial, clave para la alimentación de los ríos, y avala la actividad de empresas mineras y petroleras que los contaminarían, aseguró una fundación ambiental.
La iniciativa es “tramposa” y permitirá, si es aprobada por el Congreso, la “destrucción” del recurso hídrico de agua dulce surgido de la zona andina, afirmó el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam).
Las modificaciones realizadas a la norma que en noviembre pasado vetó por decreto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner significan “una burla” para la sociedad y “da piedra libre a las compañías mineras y petroleras”, comentó.
La cuestionada iniciativa fue impulsada días atrás en la Cámara de Senadores por el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, y el titular de la Comisión de Recursos Naturales, Daniel Filmus, aunque en su primera presentación no lograron consenso para que fuese tratado en poco tiempo en el recinto.
Para Montenegro, el proyecto es “tramposo y perverso” porque “deja sin protección el ambiente periglacial para que las empresas mineras y petroleras puedan explotar sin trabas la Cordillera de los Andes”.
El biólogo destacó que el artículo 2 de la propuesta sólo protege “los suelos helados que no se derriten”, una situación que “cambia dramáticamente el objetivo de ley original aprobada por unanimidad en Diputados y con apenas tres votos en contra en el Senado”.
En un informe, Montenegro, quien en 2004 recibió el Premio Nobel Alternativo, explicó que los ambientes periglaciales “son fundamentales para la alimentación de los ríos”, debido a que “se congelan y descongelan”. “El nuevo proyecto impulsado por el gobierno permite su destrucción, y hace peligrar las fábricas andinas de agua”, reiteró Montenegro.
El documento elaborado por Funam reclamó a los senadores que “todas las restricciones a las actividades que degradan las masas de hielo queden tal cual se estableció en la ley original”, es decir prohibidas.
El proyecto busca “mantener la cáscara” de la norma vetada, “pero favoreciendo ahora la actividad de las empresas mineras y petroleras”, tal como en su momento denunciaron ambientalistas y legisladores que se opusieron al rechazo presidencial.
Según Montenegro, el oficialismo está “enrareciendo el debate con definiciones técnicas dudosas y manteniendo el nombre de la ley quieren hacer creer que el ambiente periglacial será protegido, lo que no es cierto”, poniendo en riesgo “la regularidad hídrica de ríos”.
El veto decidido por la presidenta Fernández de Kirchner fue “un papelón internacional” porque demostró “hasta qué punto las empresas mineras y petroleras, y los gobernadores que las apoyan, entre ellos (el sanjuanino) José Luis Gioja, valen más para el Gobierno que la salud de las personas”, agregó.
Para el biólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), “la principal minera beneficiada con el nuevo proyecto de ley es (la empresa) Barrick Gold”, que tiene a su cargo los emprendimientos de Veladero y Pascua Lama, ambos en San Juan.