El Estado municipal capitalino le apuntó desde sus diferentes funciones a la empresa concesionaria del servicio de agua. En la jornada de ayer se confirmó que la intimación del Ejecutivo municipal alcanza los 555 mil pesos, mientras que el Concejo Deliberante solicitó que los diputados provinciales le quiten la concesión a Aguas de La Rioja.
Tal como había adelantado NUEVA RIOJA la semana pasada, la Municipalidad determinó intimar a la empresa por 555 mil pesos por los constantes daños que está sufriendo el asfaltado de las calles por las pérdidas de agua, que no están siendo reparadas por la empresa.
"El Secretario de Servicios Públicos del municipio, Hugo Vera, junto al Asesor Legal de la comuna, Emilio Rodríguez, presentaron una intimación judicial en contra de la empresa Aguas de la Rioja, ante el incumplimiento de pago por 555.000 pesos del convenio firmado en julio del 2008. La medida judicial tiene un plazo de 72 horas", informó la página web de Radio municipal.
La información hace referencia al contrato que el municipio y la empresa firmaron hace casi un año y que establecía un mecanismo de reparación de las calles, que según denunció la comuna la empresa no lo cumplió.
"Ante la falta de cumplimento la comuna procederá a la rescisión del contrato e iniciar las acciones legales a los efectos de que se pague el monto, más los daños e intereses, como así también se van a tomar la medida de embargar de los bienes de la empresa", adelantaron desde la Municipalidad riojana.
Al momento de la firma del contrato se había anunciado que la Municipalidad repararía las roturas de calles y pérdidas de agua que fueran responsabilidad de la empresa, y que Aguas de La Rioja le pagaría un canon de 70 mil pesos mensuales. Según el municipio, la empresa nunca pagó el canon.

Concejales
Sin embargo, el conflicto no terminó allí, porque el cuerpo de concejales capitalinos determinó aprobar una minuta de comunicación a la Cámara de Diputados en la cual le solicita que "revea la concesión del contrato a la empresa".
Encabezados por los bloques lunistas y quintelistas, los ediles determinaron reclamarle a los legisladores provinciales que rescindan el convenio legal con la empresa y en algunos casos hasta mencionaron la posibilidad de estatizar el servicio.
La minuta de comunicación es un mecanismo parlamentario que tiene el cuerpo de ediles, en el cual realiza un reclamo a un área o institución sobre la cual no tiene competencia legal. Es por ello que los diputados no están obligados a cumplir con lo reclamado por los concejales.
"Las calles de la ciudad reciben un atentado permanente, le pedimos a los diputados provinciales la estatización o que el servicio lo tome alguien que esté en condiciones de brindarlo", dijo el concejal quintelista y vicepresidente primero del cuerpo, Enrique Escudero.
Por otra parte, su par lunista, Enrique Rodríguez, destacó que "los contratos de concesión del servicio no se hicieron bien". "El EUCOP nos dice que no tiene las herramientas para controlar, este Gobierno y el anterior le autorizaron a la empresa aumentos que se concretaron en obras", dijo el edil en otro tramo del debate parlamentario.
"Yo quiero que se haga lo que se tenga que hacer para que no sea sólo una empresa recaudadora con un pésimo servicio", disparó el principal referente del bloque lunista.
En tanto que su flamante compañera de bancada, Judith Suárez, afirmó que el ente de control habría fallado en su función y reclamó un mejor trabajo.
Los ediles recordaron que durante todo el año pasado concretaron distintas presentaciones contra la empresa. "Nunca nos respondió", dijo el edil Escudero.

La empresa
NUEVA RIOJA consultó a la empresa Aguas de La Rioja sobre la situación generada, desde la concesionaria del servicio de agua potable explicaron que no habría una respuesta oficial ante los cuestionamientos del municipio y del Concejo Deliberante.

La sesión
La de ayer fue la primera sesión del Concejo Deliberante luego de la apertura de sesiones de este año.
En ese contexto los ediles no trataron los proyectos referidos a la concesión de los servicios del tratamiento final de la basura y del nuevo catastro digital. En ambos casos los contratos ya están firmados, pero no fueron ratificados por el cuerpo deliberativo.
Los ediles si aprobaron la cesión de varios terrenos municipales en la zona Sur de la ciudad para la construcción de las 200 viviendas que la Nación financiará para los empleados municipales capitalinos. Los empleados del Concejo Deliberante tendrían asignadas un cupo de 12 viviendas a sortear entre ellos.