La confluencia de tres acontecimientos devolvió al centro de la escena el conflicto por la celulosa Botnia. Por un lado, la publicación de un libro redactado en Gualeguaychú por la periodista Verónica Toller, corresponsal (con Oscar Londero) del diario Clarín en esta provincia, una obra titulada Daños colaterales que resume aspectos sociopolítico del conflicto y realza las luchas de la Asamblea Ciudadana.
Por otro, la aparición de un par de notas en el diario Clarín, esta semana, en las que un periodista no allegado a la Asamblea intenta demostrar que el río no se cuida y que los gobiernos de ambas márgenes tienen esa cuenta pendiente, principalmente en el control de algas y residuos cloacales e industriales, más allá de lo que haga o deje de hacer Botnia.
Y el tercer asunto, una queja pública de los asambleístas contra el diario Clarín, por esas notas en las que el matutino porteño encaró problemas de contaminación del río Uruguay y el periodista no colocó a Botnia en el rol protagónico entre los contaminantes.
En el trasfondo, late un descontento por la falta de resultados del movimiento ambiental no sólo contra la instalación de Botnia, sino también en la necesaria atención que el río Uruguay reclama (y no consigue) de los organismos nacionales.

Demandas al periodismo. Los asambleístas aseguraron que las notas publicadas en el diario nacional “manifiestan una parcialidad y la deliberada omisión de la fuente de mayor contaminación que afecta al río Uruguay que es la planta ilegal de la empresa finlandesa Botnia, ubicada en cercanías de la ciudad de Fray Bentos, ROU. No llama la atención esa actitud de dicho medio periodístico, que reiteradamente incurre en errores, tergiversaciones y falsedades en la cobertura de noticias vinculadas al impacto contaminante que Botnia provoca, indudablemente, en el ecosistema del río Uruguay. Sin perjuicio de este comunicado, la Asamblea cursará una nota al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, reclamando la publicación de una solicitada en Clarín para que se resguarde la verdad y de una vez por todas se responda a quienes impulsan campañas contrarias a la legítima lucha del pueblo de Gualeguaychú y las comunidades del río Uruguay”, firmaron los asambleístas.
¿Qué dicen las notas, firmadas por el periodista Claudio Savoia, que tanto molestaron a los asambleístas? Una de ellas, bajo el título “Pese a Botnia, Argentina descuida la contaminación del río Uruguay”, sostiene que ningún organismo oficial “tiene diagnósticos ni planes integrales para proteger o limpiar el río en todo su trayecto. Mientras, los agrotóxicos y residuos cloacales e industriales lo degradan día a día”.
La otra lleva el título “Entre el miedo y los piquetes, Botnia opera sin problemas”. Y dice: “La planta comenzó a operar en septiembre de 2007. Desde entonces, varios informes ambientales distintos aseguran que por ahora no contamina. En Entre Ríos afirman que esos estudios son parciales y engañosos, y que el efecto de la pastera será evidente –e irremediable– con el correr de los años. Mientras, otras fuentes de ‘contaminación silenciosa’ degradan el río día a día”.
A confesión de parte.Los asambleístas son conscientes de que la posición argentina se debilita, con la falta de acciones concretas de la Nación en el plano interno, en defensa del medio ambiente, fuera de su denuncia contra el Uruguay, ante la Corte de la Haya. De hecho, saben también que la capital entrerriana concentra una tercera parte de la población provincial y miles de familias viven aquí junto a arroyos contaminados en un grado extremo, como saben que la Nación no encaró estudios de impacto acumulativo por el crecimiento abrupto del uso de agroquímicos en la siembra de soja.
Sin embargo, con toda la artillería apuntando a Botnia, la Asamblea no tolera que se redacte una nota sobre contaminación del río, se mencionen diversas causas, y entre ellas no aparezca precisamente la pastera finlandesa. Si bien esa denuncia contribuye para esclarecer la situación del ambiente, los desfavorece en su estrategia que consiste en no dispersar esfuerzos que, a juicio de los asambleístas, deben concentrarse en su enemigo principal: Botnia.
Durante la investigación periodística, fueron consultados varios organismos públicos y todos reconocieron la escasa o nula atención del río. Dice Savoia en un fragmento: “El gobierno argentino jamás trazó un plan nacional para preservar la calidad de las aguas del río Uruguay, y ni siquiera conoce cuáles son los agentes contaminantes que día a día las degradan a lo largo de toda su cuenca”.

Día del Agua
La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú conmemorará el Día Mundial del Agua, el 21 y el 22, con actividades en el balneario El Ñandubaysal, frente a Botnia, para repudiar su presencia en el río Uruguay.
Participarán representantes náuticos de Gualeguaychú y otras localidades y habrá encuentros culturales y artísticos.
El asambleísta Juan Veronesi dijo que el objetivo de los asambleístas es manifestarse contra la presencia de Botnia en el río Uruguay.
Luego afirma que la investigación fue planteada hace más de dos años para comprobar “el verdadero interés oficial por la salud ambiental del río y su cuenca, recorriéndolo por completo para tomar muestras de agua y analizar su calidad: así podría verse cuán limpias y cuidadas estaban, qué otras amenazas contaminantes padecían y cuáles eran las acciones del gobierno para conjurarlas”.
“Pero una encumbrada investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que atendió a este diario a cambio de mantener su nombre en reserva –afirma Savoia–, desalentó la idea: ‘Por desgracia, en el río Uruguay no hay estudios de base que permitan detectar los eventuales cambios que provoca la contaminación. Hablo de análisis geológicos, hidrometeorológicos, de caudales máximos y mínimos en distintas épocas del año y a través de varios años para tener un promedio histórico; estudios de sedimentos, de los ríos y arroyos afluentes, de los usos del suelo en las adyacencias. Sólo hay más información, aunque parcial e inconexa, en la parte baja del río”.

Algas y cloacas.
El periodista consultó a media docena de organismos para saber si existía un relevamiento integral de empresas y explotaciones agroganaderas que pudieran contaminar el río, si existen políticas para revertir la contaminación actual y prevenir la futura, y si hay un diagnóstico y un plan para gestionar el río Uruguay en todo el tramo argentino. “Las respuestas fueron casi calcadas. Ni la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación ni el Instituto Nacional del Agua ni la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tienen estudios ‘para determinar si hay contaminación en el río Uruguay’ por ‘no ser de su competencia’, ni tampoco ‘se han formulado políticas’ al respecto, ‘ni existe plan ni diagnóstico’ sobre la salud ambiental del río”.
Fuera del interés genuino de los asambleístas, en su estrategia de focalizar la lucha y no dispersarla, los datos que aporta Savoia resultan de altísimo interés para todos, en especial para los interesados en el ambiente sano.
Véase por caso el testimonio del ingeniero Marcelo Gaviño Novillo, que coordina el Programa Regional de Ecohidrología de Unesco para América Latina: “El principal problema de nuestros ríos es la gobernabilidad: nadie sabe qué pasa, dónde están los principales problemas y cómo organizar una respuesta a ellos. Y en cuencas olvidadas como la del río Uruguay –una de las menos analizadas del Mercosur– tenemos desastres silenciosos desarrollados en pequeñas cuotas mensuales, de los que nadie se ocupa. Desde el siglo XIX, el Uruguay siempre fue visto como un eje fluvial y no como un sistema vivo”.

Nadie financia estudios. El panorama se pinta, pues, inquietante. Más adelante enumera los efectos del represamiento del río en varios tramos y admite que la Argentina “mantiene en carpeta el embalse de Pepeají o Salto Chico”, al sur de salto Grande, es decir, en Entre Ríos.
Los agrotóxicos que fluyen hacia el lado de Salto Grande y el río, y las algas que proliferan en el sistema desde hace pocos años, son dos temas de importancia en la calidad del agua en franco deterioro. Y se suman al problema de las cloacas de Salto, Concordia, Colón y Concepción del Uruguay y los desechos industriales.
Un testimonio ineludible, el de los propios militantes ambientalistas de Gualeguaychú que navegaron el Uruguay de punta a punta hace pocos años. “Sentimos que el río está al límite, casi condenado a muerte. Son muy pocos los lugares en los que está en estado puro y natural”, reconoció Juan Martín Rivas, de la travesía llamada “El agua manda”.
Un alto ejecutivo mundial de Greenpeace le dijo a Savoia que nadie financia estudios ni acciones sobre el río Uruguay. “En Sudamérica los ríos taquilleros son el Paraná y el Amazonas, para el resto no hay plata”. Otros aclaran que en el extremo sur de la cuenca hay mejores estudios que en todo el trayecto.
De los respectivos informes y documentos presentados, surge la razón de algunos asambleístas en concentrar sus esfuerzos en la denuncia contra la prepotencia de gobiernos y empresarios, y también surge el acierto de periodistas que muestran el complejo panorama que pone en riesgo la salud del río Uruguay, con o sin Botnia.

Verónica Toller: los daños colaterales son centrales
La periodista gualeguaychense Verónica Toller se propuso un libro sobre la Asamblea Ambiental, y su recopilación divulgada en estos días resultó gran aporte. Explica lo que pasó, pero también ofrece pautas sobre el porvenir de una protesta.
“Nuevos tiempos traen nuevas palabras, hecho tan viejo como la voz del hombre. El siglo XX aportó, entre tantas otras, la expresión ‘daño colateral’. Dicen que comenzó a ser usada durante la Guerra de Vietnam por Estados Unidos, al igual que la de ‘fuego amigo’, fuego que procede del propio bando y causa bajas también propias por errores de distinta índole”, reflexiona.
“Pero ‘colateral’ no significa, en realidad, ‘involuntario’ o ‘accidental’ sino ‘al lado de’, ‘al costado’”, aclara Toller, entre cuyos antecedentes cuenta un Premio Internacional Don Quijote de Periodismo, que recibió en España. “Daños colaterales no es un eufemismo aunque pretenda serlo. No: es la hipocresía con que se nombra al daño que se inflige a sabiendas sobre seres y cosas que no están involucrados directamente en un conflicto”.
La obra de editorial Marea analiza las contradicciones de los gobiernos uruguayo, argentino y finlandés, los testimonios disímiles de los cancilleres de ambos países sobre el acuerdo de palabra que pretendía finalizar el conflicto; y brinda numerosos elementos que permiten palpar el ánimo de los gualeguaychuenses y las estrategias de todos los poderes, sean gobiernos o empresas, para diluir la energía de la lucha.

Bergman abogó por la unidad de los pueblos en la región del conflicto
En el prólogo de la obra de Toller, el rabino Sergio Bergman no ocultó las responsabilidades del gobierno argentino en el transcurso del conflicto.
“El Estado argentino omitió defender derechos y obligaciones recíprocas del Estatuto y Tratado del Río Uruguay, y actuó con negligencia al no obrar en tiempo y forma para hacer valer la defensa que hoy asumen los asambleístas”, dice Bergman.
“No menor es nuestra apelación a los asambleístas de recapacitar que, aún subordinando derechos en un criterioso orden de prioridad, el corte de rutas está violando derechos cívicos e internacionales que deben ser respetados para volver a la circulación binacional”.
Al dividir las cargas de las responsabilidades y como focalizando deberes, dijo: “Los pueblos argentino y uruguayo padecen esta causa. Tanto por la contaminación y riesgo de salud y calidad de vida, como por el abuso demagógico de sus representantes que anteponen intereses al bien común de su población”.