Concejales y funcionarios de la Municipalidad de Victoria resolvieron ayer presentar un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para que se prohibía la construcción de terraplenes y sembrado de oleaginosas en las islas de su jurisdicción.
La medida se debate luego de conocer que en la isla Irupé Lote 60 conocida como la de “Los Holandeses”, hay un defensa de unos cinco metros de alto, y que además está sembrada con soja.
La medida se tomó ayer, luego de una reunión mantenida ayer con representantes de la Dirección de Recursos Naturales y la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia.
En el encuentro se discutió con respecto a la construcción de terraplenes y sembrado de oleaginosas. Según informó LT-39 en el cónclave se resolvió presentar un proyecto en la Cámara de Diputados para lograr la prohibición de todo tipo de construcción de esas caracteristicas –terraplén – en la jurisdicción Victoria.
El hecho que provocó el debate se conoció en 2008 cuando isleños y ambientalistas denunciaron que la empresa holandesa Bema Agri SA, había levantado un terraplén. En la actualidad el muro ya llega a casi 20 kilómetros de longitud. En los últimos meses la construcción logró inquietar a los funcionarios, ya que durante un viaje, en el que filmaron incluso una retroexcavadora en pleno trabajo, ambientalistas registraron el testimonio de pobladores que informaron que ya se habían efectuado fumigaciones en la zona, y que la empresa intentó obstruir el arroyo San Lorenzo Viejo, que limita con el predio de casi 10.000 hectáreas de la firma holandesa en las islas entrerrianas.
“Los daños provocados por la obstrucción de cursos de agua alteran las condiciones del humedal; sumados a la fumigación y el cultivo intensivo, provocan impactos severos para la biodiversidad. Es evidente que las obras continuaron a pesar de la orden de paralizarlas. Es urgente que el gobierno intervenga, sancione a la empresa y obligue realmente a suspender las tareas hasta que esté elaborado el Plan Integral para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta, que se acordó con la Nación y los gobiernos de Santa Fe y Buenos Aires en setiembre de 2008”, señalaron las ONG de Rosario y Paraná .