El secretario de Gobierno de la municipalidad neuquina, Mariano Mansilla, afirmó que la ordenanza que planea presentar la semana próxima para garantizar el libre acceso a las costas de los ríos que rodean a la capital provincial contempla la posibilidad de expropiar, en caso que los privados se nieguen a ceder el espacio.
"La idea es hacerlo por ordenanza, porque los municipios tienen el poder de policía, tras las reformas constitucionales y con la sanción de la Carta Orgánica", explicó.
"Serán 35 metros desde la línea más alta de crecida, por lo que hablamos de más de 50 metros de promedio", detalló el funcionario, que planteó la necesidad de que la medida sea retroactiva y no a partir del momento de la sanción de la norma.
"El fin sería declarar la ilegalidad de las actuales construcciones. Debe ordenar la desocupación de las costas y la expropiación en algunos casos de derecho adquirido", agregó.
Los ejemplos más claros de la situación descripta son dos: la residencia del Poder Ejecutivo a la vera del río Limay y los barrios privados que están en ejecución desde fin de Plottier hasta el Paseo de la Costa.
"Esto se aplicaría a todos. El Paseo de la Costa tiene una parte libre y habría que ver el tema de los barrios, pero la idea es que las costas estén liberadas", apuntó el candidato a concejal por UNE.
Anticipó que la pelea legal con quienes se resistan a la medida se centrará en la argumentación del Código Civil, que libera el acceso a los ríos navegables. Se enfrentó con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) -dijo que "no están constando con seriedad"- y aclaró que para Prefectura, que es la que ejerce el control sobre los botes y canoas que circulan tanto por el Limay como por el Neuquén "dice que son ríos navegables".
"El proyecto tiene otro punto, que es declarar el Limay como área protegida municipal", explicó y anticipó que el objetivo será consensuar con todos los proyectos que se hayan presentado al respecto o se vayan a presentar.
El proyecto que plantea el secretario de Gobierno de Neuquén tuvo, desde el lanzamiento de la campaña, varios opositores. Uno de ellos fue Elías Sapag, que desde la AIC le recomendó "más que hacer campaña en bote, infraccionar las irregularidades, porque después de todo son los municipios los que tienen el poder de policía". Sapag le pidió además que haga cumplir el código de aguas "y no salir a denunciar alegremente" y señaló que el problema real de fondo es "que la ley provincial de sirga está estancada en la Legislatura".
Mansilla replicó: "las críticas vienen de la AIC, un órgano que está lejos de proteger nuestras costas". También aclaró que en la búsqueda de consenso, planteará a la concejal Libres del Sur, Mercedes Lamarca, una unificación de proyectos con el que la edil presentó el año pasado.