El juez en lo Civil de Villa Carlos Paz, Andrés Olcese, rechazó formalmente ayer el amparo presentado por cuatro concejales de la oposición que interpretaron que una votación del cuerpo fue en contra de la normativa existente en cuanto a la cantidad de votos necesarios para avalar la ordenanza.
El tema en cuestión era la aprobación de un acueducto que transportará agua desde el lago San Roque hasta el country Tierralta, ubicado en el ejido municipal de Malagueño, sobre la autopista Justiniano Allende Posse. En esa oportunidad, el cuerpo aprobó la obra con mayoría simple.
La interpretación de los ediles opositores Sebastián Guruceta (Frente Cívico), Amalia Gómez (Encuentro y Participación), Esteban Avilés y Raquel Merlino (ambos de la UCR), era que el tema debía ser tratado en doble lectura, con audiencia pública y el aval de los dos tercios del cuerpo.
A los pocos días de esa sesión, los concejales hicieron una presentación judicial para que se retrotraiga la medida a través de un amparo.

Los fundamentos. Ayer, el juez Olcese notificó su decisión de no hacer lugar al amparo con fundamentos que apuntan al resguardo de la división de poderes y a la necesidad de no judicializar la política.
“Las cuestiones políticas planteadas por una minoría dentro del Poder Legislativo no pueden ser sometidas al conocimiento del Poder Judicial, porque de esta manera judicializarían todas las cuestiones políticas y el órgano judicial se transformaría en una especie de consejo de asesores para determinar la conveniencia o no de las normas dictadas por el órgano colegiado”, explican los fundamentos de la resolución judicial.
En su planteo de defensa, el asesor letrado del municipio, Carlos Lencinas, sostuvo: “En el caso que nos ocupa, habría una sustitución de la facultad legislativa por la judicial en una materia de técnica administrativa que es de discrecionalidad exclusiva de aquel poder, motivos por los cuales no puede ser admitida la acción intentada”.
Los ediles habían planteado la inconstitucionalidad de la ordenanza avalada por sus pares en el marco de un tema que generó una fuerte polémica en la ciudad. La empresa Tierralta se comprometió a pagar la obra a través de un acuerdo firmado con la Provincia y el municipio. También deberá construir una planta potabilizadora que será administrada por la Cooperativa Integral, concesionaria del servicio de agua de la ciudad.