El juez Andrés Olcese rechazó el recurso de amparo que habían presentado los concejales Esteban Avilés, Raquel Merlino, Sebastián Guruceta y Amalia Gómez en contra de la ordenanza por la cual, el Concejo de Representantes, autorizó el uso de espacio público municipal para el tendido de un acueducto, que trasladará agua desde el lago San Roque hasta el country TierrAlta contruído a la vera de la autopista Justiniano Posse.
Los cuatro ediles mencionados cuestionaron en duros términos, durante el debate legislativo, el criterio de aprobar esa norma a través de una única lectura. Consideraron, por el contrario, que debía contar con una doble aprobación y con una audiencia pública incluida.
Al perder la votación 6 a 4, presentaron en diciembre del año pasado el mencionado recurso ante los Tribunales locales intentando que la Justicia revocara la decisión mayoritaria del cuerpo deliberante. En forma paralela, dirigentes de distintos partidos políticos promovieron un juicio político contra los concejales Analía Peláez, Luis Morcillo Suárez, Oscar Sépola, Alejandra Villafañe, Margarita Gallardo y Ana Chiodi por considerar que éstos habían violado sus deberes de funcionario público al sancionar la ordenanza favorable a TierrAlta.
El juez Olcese rechazó los argumentos esgrimidos por los ediles radicales disidentes Esteban Avilés y Raquel Merlino, por la representante de Encuentro y Participación, Amalia Gómez, y por el concejal del Frente Cívico, Sebastián Guruceta, considerando en cambio válida la defensa presentada por los asesores letrados del municipio, Juan Carlos Lencinas y Juan Molas y Molas.
A criterio del magistrado, el permiso otorgado a través de la mencionada ordenanza respetó las ordenanzas vigentes en Villa Carlos Paz, la Carta Orgánica Municipal y las constituciones provincial y nacional y no configuró ninguna irregularidad o delito.
Los concejales demandantes que ahora deberán afrontar el pago de las costas por 3.150 pesos correspondientes a los dos asesores letrados municipales, habían sostenido en cambio, en su presentación ante la Justicia, que como se trataba de un permiso para utilizar un terreno público, era necesaria la aprobación en doble lectura de la ordenanza.
Por el contrario, los restantes ediles sostuvieron que como la obra a ejecutar por el country TierrAlta quedará en manos del municipio, con una simple lectura era suficiente.
A partir de la decisión adoptada por el juez Olcese, a Avilés, Merlino, Gómez y Guruceta les queda la opción de apelar ante la Cámara de Acusación, aunque lo más factible es que den por terminada la cuestión.

Una obra clave
Esta obra no sólo es importante para abastecer el mencionado country con agua que se extraerá del lago San Roque con la autorización de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia. También tiene un valor estratégico para Villa Carlos Paz, puesto que permitirá abastecer los barrios altos cercanos a la montaña que suelen sufrir la falta del líquido elemento en los meses de sequía. La empresa TierraAlta deberá construir una planta potabilizadora y el acueducto para trasladar el líquido, con un ramal destinado a los sectores altos de Villa Carlos Paz.
La nueva infraestructura hídrica quedará como posesión del municipio serrano, a cambio del permiso otorgado para atravesar el espacio público de Villa Carlos Paz.
No obstante, debe aclararse que el Concejo Deliberante deberá aprobar, con otra ordenanza, las características de las obras que concretará TierrAlta y que aún no fueron definidas técnicamente por la firma.