Para que Rafaela pueda finalmente conseguir los terrenos en donde se construirán las lagunas de retardo en el suroeste de la ciudad, el Ministerio de Economía debe asignar las partidas necesarias. De no ser así, en octubre próximo se vencerían los plazos habilitados por la ley votada en 2007 y ya no se podrían conseguir esas 66 ha necesarias para regular el ingreso de la masa de agua a la ciudad, en caso de una nueva emergencia hídrica.
El dato fue presentado anoche por el concejal Luis Castellano, en la fundamentación de la declaración aprobada por unanimidad para que se asignen los fondos. De acuerdo a lo mencionado por el edil oficialista, los tres dueños están exigiendo cerca de 8 millones de pesos por sus terrenos, mientras que la provincia los valuó en $1,5 millones. "De cabeza que vamos a un juicio", dedujo Castellano. Pero debido a que esta cotización ya fue ratificada por el Comité Evaluador provincial, solo resta que la Provincia haga el depósito judicial necesario para que la Municipalidad pueda hacerse de los terrenos y comenzar los trabajos. Mientras esto ocurre, los dueños podrían continuar con su litigio por la diferencia monetaria.
Castellano comparó el tratamiento dado a este tema por la administración Binner con otros similares, como la expropiación de la casa de Sor Josefa en Santa Fe o el cine El Cairo en Rosario. Ambos ya tuvieron una resolución, mientras que el de nuestra ciudad, aún navega en las turbias aguas de la burocracia.
Rodolfo Enrico fue el único que le contestó desde el Frente Progresista. Si bien avaló el reclamo, se quejó por la presentación dada por Castellano, quien había recordado que en las grandes lluvias de hace dos años, vecinos del Amancay que se habían inundado obligaron a cortar la ruta 34.
El médico radical también anticipó que han realizado gestiones con la secretaria de Municipios y Comunas, Mónica Bifarello, para que se llegue a la ciudad y analice no sólo este tema, sino otro muy difícil, como lo es la obra de cloacas.
Con respecto a este punto, luego de la sesión, los concejales se reunieron con los dirigentes de la vecinal de Los Nogales. Los ediles les reconocieron que no fueron exitosas las tratativas con la Provincia. Fue allí cuando Maina comentó a todos (incluso a sus pares, que no estaban al tanto del tema), que 15 minutos antes de que comience la sesión, se había comunicado con él Alberto Daniele, titular de ASSA. El funcionario mantuvo ayer una reunión con el Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio y, durante la misma, los puntos referidos a la ciudad serían tratados. Hoy Daniele se comunicará con Maina para hacerle saber los resultados.
Más allá de los resultados, Castellano anticipó (al igual que los vecinos) que esperan que haya algún tipo de encuentro, ya sea agendado o no, con funcionarios provinciales, en nuestra ciudad o en la capital.
Otro de los temas importantes de la sesión ordinaria, fue el pedido por parte de Víctor Fardín de una auditoría interna dentro del REMA, el cual no sería coincidente con la externa hecha por la Facultad de Veterinaria de Santa Fe, en la cual, se decía que todo estaba en orden.
La curiosidad en este punto fue que el oficialismo no votó en bloque, sino que Mónica Garrappa y Luis Castellano se opusieron, mientras que Héctor Sierra creyó conveniente la necesidad de acceder a este informe y cotejar los datos vertidos por la FAVE. El punto fue aprobado, entonces, 6 a 2.
Finalmente, los representantes de las clases '53 a '59 volvieron a reunirse con los concejales, esta vez, para pedirle su apoyo a través de un "reconocimiento histórico".
Los ediles entendieron que esto cambiaba radicalmente la postura adoptada por ellos con anterioridad, puesto que esto no implicaba, directamente, un aval al reclamo de una pensión nacional, por lo cual, podría cambiar la postura adoptada hasta este momento.