Las fotografías que publicó el jueves último este diario son tan elocuentes que tornan innecesarias las palabras. El río Atuel volvió a ser, desde hace unos meses, un río de arena. Los últimos vestigios de humedad en su cauce desaparecieron sin dejar rastros en el arenal que brilla bajo el inclemente sol del verano que hoy se despide.
Un docente -y ex jefe comunal de Algarrobo del Aguila-, le manifestó a este diario la desazón que ha ganado a los pobladores de aquella zona que vuelven a tener ante sí, una vez más, un río sin agua. Es la historia de siempre, la que se viene repitiendo desde hace más de medio siglo cuando se cortó definitivamente la escorrentía en la provincia de Mendoza.
Mientras tanto, durante el transcurso de la semana, las tres organizaciones no gubernamentales que llevaron nuevamente el tema ante la Corte Suprema de Justicia -la Fundación Chadileuvú, la Cooperativa Popular de Electricidad y la asociación ambientalista Alihuén- se reunieron con el abogado patrocinante para analizar la evolución de la acción de amparo elevada y debatir los pasos a seguir. Es probable que dentro de no demasiado tiempo la Corte convoque a las entidades y a los gobiernos pampeano y mendocino a una audiencia pública a fin de interiorizarse de la evolución de este dilatado conflicto luego del fallo de 1987 y actualizar la información que tiene en su poder para, eventualmente, adoptar una resolución.
Como se informara oportunamente, las tres instituciones pampeanas plantearon en su presentación ante el máximo tribunal de la Justicia argentina que Mendoza haga cesar de inmediato el daño ambiental ocasionado a una extensa región del oeste pampeano liberando de sus represas un caudal por el Atuel que permita, al menos, reestablecer las condiciones ambientales profundamente degradadas por la ausencia de escurrimiento.
Los integrantes de las tres entidades y el profesional que los representa mantienen esperanzas de que, al momento de concurrir a la audiencia pública tan esperada, puedan mantener una postura coincidente y homogénea con el gobierno provincial cuando se trate de plantear el cuantioso daño ocasionado a nuestra provincia por tantas décadas de corte unilateral del río por parte de Mendoza y, además, reclamar el inmediato restablecimiento de una porción razonable de su caudal para que ingrese a territorio pampeano y ponga fin al deterioro ambiental y humano.
Es sabido que el Ejecutivo pampeano apostó a seguir insistiendo por el ya muy transitado camino de buscar un entendimiento extrajudicial con Mendoza en lugar de volver a recurrir a la Corte. Así se entiende la firma del acuerdo por el Atuel firmado por ambos gobernadores y aprobado por nuestra Cámara de Diputados en diciembre último. El problema es que en Mendoza ese convenio no logra consenso para ser aceptado por su legislatura y nada indica que se alcance en un plazo prudencial. Menos todavía en un año electoral como el presente.
Lo cierto es que hoy, la única instancia que está en condiciones de comenzar a poner término a este largo y penoso diferendo en un plazo razonable es la Corte Suprema. Y por esa razón los esfuerzos y las energías del gobierno y las ONG deberían confluir -como el Atuel y el Salado- para avanzar en este paso fundamental, a fin de lograr que los hermanos mendocinos dejen de jugar el juego que mejor conocen y dominan: dilatar in eternum la decisión de permitir el paso del agua de un río que es interprovincial, tal como la propia Corte lo definió basándose en pruebas irrebatibles.