En octubre del año pasado, el Senado nacional convirtió en ley el proyecto para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas. La autora del proyecto fue la entonces diputada de SI (Solidaridad e Igualdad) Marta Maffei. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la presidenta de la Nación vetó totalmente la norma y desató una fuerte reacción del mundo científico y de políticos, que se expresarán en una audiencia pública convocada para el 30 de marzo por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, evento en el cual participará la autora del proyecto.
Maffei estuvo en Santa Fe tomando parte en actividades en el marco del Día Mundial del Agua. No duda en señalar que el veto demuestra “la actitud perversa del gobierno, que creó un modelo productivo depredador. Por un lado, firma los tratados internacionales sobre ecología, pero en lo concreto no se protegen los recursos naturales del país”.
El decreto presidencial argumenta que la ley vetada “podría afectar el desarrollo económico de las provincias” involucradas, “por la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas”. Maffei explica que, “en los últimos 20 años, Argentina pasó de tener 4 a 60 mineras. Esta ley no prohíbe la minería, sólo pone límites a la explotación del agua de los glaciares y de los periglaciares”.
Docente, ex titular de CTERA y con un mandato cumplido en la Cámara de Diputados, ahora, entre otras actividades Maffei hace docencia sobre la importancia de cuidar y proteger los recursos naturales, “que son de todos”. Sobre la audiencia pública convocada por Mondino, explica que surgió por la preocupación que existe ante la presión de algunos gobernadores -menciona varias veces al sanjuanino José Luis Gioja- para producir modificaciones sustanciales al texto aprobado anteriormente.

Choque de intereses
Ante El Litoral refiere que “es infrecuente que aparezca un veto total a una ley en los últimos años. El veto plantea que hay una confrontación de intereses muy fuertes y que el gobierno nacional sucumbe a la presión de las empresas y de los grupos económicos”. Enseguida señala que “la ley procura los presupuestos mínimos para que los glaciares sigan cumpliendo las funciones que cumplen”. Explica que son la mejor reserva de agua pura que existe en el mundo, la mejor conservada. “El agua dulce es el 2,7 % del agua y el 70 % está en los glaciares”. El conflicto está radicado en la zona periglaciar, cuyas lenguas -cuando se derriten- alimentan los ríos que corren de oeste a este en nuestro país. “Hay que preservar el agua en ese estado, y hay que protegerla de la contaminación y la destrucción”.
Narra la experiencia que vivió en Chile meses antes de llegar a la banca de diputada. Participaba de un congreso internacional docente cuando se desató un fuerte conflicto entre una minera que pretendía volar glaciares y los vecinos. Vio la convocatoria del gobierno chileno a los científicos y el debate saldado a favor de los vecinos.
“Cuando llegué a la banca, convoqué a científicos del Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet. Son ellos los que proveen la información a los gobiernos sobre el comportamiento de ríos, de precipitaciones, de deshielo, todo elemental para la vida y la producción de una gran parte del país. Ellos advierten que hace tres décadas ha mermado el régimen de precipitaciones en nuestro lado cordillerano y ha aumentado en Chile. Entonces, empezamos a trabajar en el proyecto y determinamos la necesidad de colocar sensores en los glaciares, de relevarlos, de tener información en el Congreso para fijar políticas a mediano y largo plazo; establecimos algunas prohibiciones sobre los glaciares y restricciones a la actividad minera y petrolera, así como una auditoría a las empresas instaladas en esas zonas para determinar que no estén contaminando”.
Maffei no duda en señalar que “el lobby minero ha producido el veto con el apoyo de varios gobernadores”
La dirigente afirma que “fue una buena ley, no antojadiza ni improvisada. No tratamos de llevarnos a nadie por delante. No concuerdo con la supuesta bipolaridad entre desarrollo y protección de recursos naturales. No nos oponemos al desarrollo de la minería, sino a la forma en que pueda dañar una fuente; todas las demás están incluidas en el derecho de cada uno a producir y desarrollar. Nadie puede levantar en la República Argentina -como han hecho los gobernadores- los derechos adquiridos de las empresas. Nadie tiene derecho adquirido a contaminar, a destruir las fuentes de agua de los argentinos. Al dictar la ley no estamos poniendo nuevas condiciones, ellos fueron allí y los glaciares estaban. Ni sabemos cuántos glaciares tenemos en el país. En San Juan y Mendoza, sobre la cuenca de cinco ríos, el relevamiento arroja la presencia de 453 glaciares”.