Indígenas, campesinos y activistas sociales lideran las movilizaciones en Colombia para reclamar al parlamento que ponga a referendo un proyecto que consagra al agua como un bien social, impone el fin de la privatización del servicio y dispone el suministro gratuito de un mínimo vital para toda la población.
Dos millones de firmas ciudadanas recogidas en el último año respaldan la iniciativa, basada en la consideración de que el acceso al agua es un derecho humano fundamental. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes inició su análisis esta semana y, si el proyecto sortea este escollo, luego vendrán una sesión plenaria del cuerpo y un recorrido similar por el Senado.
Uno de los firmantes es el indígena Bonifacio Ticuque, quien viajó 27 horas por tierra desde el sureño departamento de Putumayo para juntarse con otras 5.000 personas el miércoles frente a la sede del Congreso en Bogotá.
"No queremos que el referendo se hunda, pues la nuestra es una zona hídrica bastante hermosa, que el gobierno quiere vender a las multinacionales y nosotros no lo vamos a permitir", dijo Ticuque a IPS al explicar su presencia.
En igual sentido se expresó Luz Mora, una campesina que desde el oriental departamento de Boyacá tardó 10 horas para llegar al corazón de la capital colombiana para enarbolar una pancarta en la que pide el freno a la privatización que, "nos aumenta las tarifas y los impuestos hasta convertirlos en imposibles de pagar, limitándonos el trabajo", como señaló a IPS.
En las primeras sesiones de debate entre los parlamentarios no se llegó a ninguna conclusión. "Esto es normal dentro de la lógica parlamentaria", justificó ante IPS Rafael Colmenares, representante del no gubernamental y ecológico Ecofondo y portavoz del Comité Promotor del Referendo, conformado por activistas de variados sectores que trabajan hace un año por el llamado a referendo.
Por tanto aún su optimismo no disminuye. "Estos días escuchamos a funcionarios del más alto nivel, algunos opositores a su aprobación, pero creo que avanzamos porque los argumentos están sobre la mesa y hay coincidencia en el tema de la protección de los ecosistemas esenciales", indicó.
"Las diferencias están sobre todo en la aprobación del mínimo vital gratuito y la gestión pública del agua. Lo del concepto de derecho humano fundamental se ha ido abriendo camino, y creo que no hay argumentos fuertes en su contra, pero debemos esperar", agregó Colmenares.
Menos optimista es Hernán Darío Correa, también miembro del Comité pero como activista independiente. "Siento una reacción muy fuerte por parte del ‘establecimiento’ que conforman los gerentes de las empresas de Bogotá y Medellín (capital de la noroccidental departamento de Antioquia) y altos funcionarios gubernamentales", dijo a IPS.
Al respecto, Correa señala la afirmación del flamante Procurador General de la Nación (jefe del Ministerio Público), Alejandro Ordóñez, de que "no es posible reconocer el derecho al agua como derecho humano fundamental porque el Estado no tiene cómo cumplirlo". "Eso es insólito", enfatizó.
En el marco de las movilizaciones se realizó el jueves una asamblea en la sede del sindicato de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), donde participaron líderes comunales, el Comité Promotor y parlamentarios del opositor partido Polo Democrático Alternativo (PDA).
En esa instancia se revisaron las condiciones del servicio de agua potable en el interior del país, destacándose que la deficiencia aumenta mientras el costo sube. "Entre 1994 y 2002, las tarifas de los servicios públicos aumentaron entre 38 y 220 por ciento, debido a que las firmas buscaron recuperar lo que se llamó "rezago tarifario", producido entre 1993 y 1996", dijo Colmenares.
Sostuvo, además, que ni el Comité ni la sociedad civil que lo respalda tienen previsto aceptar cambios en el texto del proyecto.
En tanto, se han organizado para este domingo, cuando se celebra el Día Mundial del Agua, varios encuentros culturales con el apoyo del destacado grupo de rock Aterciopelados, bajo la dirección de la cantautora Andrea Echeverri.
El debate en la Comisión Primera presenta, según Correa, tres escenarios: "El uribismo (diputados fieles al presidente Álvaro Uribe) que quiere acabarlo, los que buscan el trámite con el interés que representa la época preelectoral, y quienes de verdad respaldan la iniciativa ciudadana y el respeto que esta merece", detalló.
Según Colmenares, "la mayoría de los ponentes proponen aprobarlo, mientras la minoría, pide que el mínimo vital gratuito se reduzca a los sectores de menores ingresos, lo cual transformaría el concepto de derecho fundamental para convertirlo en uno más de los derechos económicos sociales y culturales, disminuyendo así el sentido el valor de la propuesta inicial".
Pero a sabiendas de las dificultades, que comparó con una "prueba de obstáculos", Colmenares indicó que los impulsores del referendo continuarán en su propósito sin modificar el contenido del proyecto.
En su búsqueda presentarán en las sesiones parlamentarias de la próxima semana una comunicación que respalda la solicitud de aprobarlo en su versión original, con la firma de la premio Nobel Alternativo Maude Barlow, asesora de la Organización de las Naciones Unidas para el tema del agua, el escritor uruguayo Eduardo Galeano y tres ex ministros colombianos de Medio Ambiente.
La discusión cobra más fuerza en Colombia, puesto que el país ocupa el séptimo lugar en el mundo en cuanto a reserva de agua dulce, lo cual se convierte en factor de ambición por la privatización del sector.
"Pero más allá está el contenido de la ley 142 de 1993, que estableció para todas las empresas la obligatoriedad de ser rentables, incluso las que aún son totalmente estatales, lo que quiere decir que al usuario hay que cobrarle todos los costos empresariales", explicó Colmenares.
"Hasta los impuestos se trasladan al cobro del servicio, porque los ingresos tienen que provenir de lo único que pueden vender, o sea, el agua", continuó.
Esta situación se da, además, en medio de un servicio "que no llega por lo menos a 30 por ciento de las poblaciones rurales", según afirmó el director de la Cruz Roja Colombiana (CRC), Walter Cote, en su presentación del miércoles del estudio titulado "Análisis del cambio climático en el país y acciones de la CRC para reducir el riesgo".
En la investigación se advierte que "el sector de agua potable no ha crecido al mismo ritmo que la población y que en regiones del país se presentan problemas de disponibilidad, continuidad, calidad y cantidad del servicio".
Esos datos son avalados por las protestas realizadas en las dos últimas semanas en los municipios de Miranda y Villarrica, en el sudoccidental departamento del Cauca, que terminaron en enfrentamientos con consecuentes daños materiales y personas con heridas leves.
A ello se le suma la suspensión del servicio de agua potable por casi dos semanas en Villavicencio, capital del sudoriental departamento del Meta, como consecuencia de un atentado que, según las autoridades fue perpetrado por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Para paliar la situación se recurrió al reparto de agua a través de camiones tanques suministrados por la empresa privada del lugar, la organización no gubernamental Médicos sin Fronteras y la Cruz Roja regional.
En esa ocasión, el derechista presidente Uribe visitó el lugar para señalar, entre otras cosas, que sigue firme su política de seguridad democrática para vencer a "los bandidos de las FARC".
Pero Uribe no mencionó la necesidad de cualificar las políticas públicas que mejoren el servicio de agua potable, ni las que impidan el proceso de desertificación que, según la Cruz Roja, alcanza ya a 4,1 por ciento en el territorio colombiano.