La Corte estableció plazos para la limpieza del río más contaminado de la Argentina que, según los denunciantes, no se cumplieron.
Entre los puntos presentados ayer se encuentran: la falta de inspección de todas de las industrias de la cuenca; la ausencia de planes de reconversión para las empresas contaminantes; la inexistencia de controles ambientales periódicos de la calidad del agua y el aire y de la salud de los pobladores de las zonas ribereñas y la falta de ejecución de las obras indispensables para proveer de cloacas a los municipios.
"La Autoridad de Cuenca (Acumar) ha incumplido la mayor parte de las obligaciones impuestas por la Corte Suprema y mantiene una actitud errática en la materia, donde las promesas y anuncios varían constantemente desde que comenzó el proceso", dijo Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, a LA NACION.
Además de la denuncia, se reclamó a los gobiernos que, en forma urgente, se establezca un meta de reducción al 50 por ciento de un grupo de contaminantes industriales para el año 2015, como paso previo al objetivo de "vertido cero" establecido para el año 2020, tiempo en el cual debe prohibirse de forma definitiva el vuelco de sustancias tóxicas de cualquier tipo a los cursos de agua.
"Para las industrias y establecimientos que sean identificados como agentes contaminantes [la Acumar] no contempla el control de metales pesados que hoy contaminan la cuenca y exime del control a la empresa AySA, a pesar de que es la mayor aportante de vertidos", denunció Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación.
Tras la denuncia se pidió que se dicte un nuevo reglamento para la Acumar, que se adecue a las obligaciones establecidas en la sentencia dictada por la Corte Suprema.
Ayer también se tomaron muestras de agua del Riachuelo que serán analizadas para luego ser contrastadas con la que debería tomar la Acumar regularmente.