Aseguran que no hay convicción para hacerlo y ni se conoce el cronograma. El olor pesado y las aguas turbias del Riachuelo fueron el escenario elegido por Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación, y representantes de ONG involucradas, para denunciar el incumplimiento del plan de recuperación ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo ordenado por la Corte Suprema nueve meses atrás en un fallo considerado histórico.
"Sólo con sentir el olor se puede percibir que mucho no se ha avanzado", rompió el hielo Mondino. "Queremos que la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) deje de simular que está cumpliendo con el fallo y ponga realmente en marcha el plan de limpieza", agregó. "Si el Gobierno tiene un plan es sólo porque la Corte lo ordenó en el juicio que ganamos en su momento. Ahora tiene que cumplir, pero no vemos en ACUMAR la convicción necesaria de hacerlo", aseguró el Defensor del Pueblo.
En la Semana del Agua, Mondino y los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación Vecinos de La Boca, hicieron hincapié en varios puntos que juzgan todavía no fueron cumplidos. Ellos son quienes integran el Cuerpo Colegiado con la misión de fiscalizar y controlar la ejecución del plan fijado por la Corte.
Carolina Failstein (CELS), aseguró que "sobre la problemática de saneamiento cloacal y provisión de agua potable no se ha avanzado nada" y agregó: "En Avellaneda, Almirante Brown, Lomas y Lanús el 80% de los habitantes no tiene agua potable y el 90% vive sin cloacas: están en juego derechos fundamentales".
Andrés Nápoli (FARN) dijo, "ACUMAR no hizo inspecciones en las industrias contaminantes y ni siquiera estableció el listado de cuáles son". Además, según Nápoli, "brilla por su ausencia la publicación y el acceso público a la información de la labor de la Cuenca. Tampoco se conocen los cronogramas ni el financiamiento para las obras". Sobre este punto fue más duro el representante de los vecinos de La Boca, Alfredo Alberti: "No hay más que trabajos cosméticos y burocracia. El Dr. Armella -juez Federal de Quilmes designado por la Corte como único Tribunal al que pueden acudir las partes- se permitió mover todos los plazos y hacer nuevos".
Consultado por Clarín, Armella desestimó esta acusación. "Los plazos no se han cambiado en absoluto. Sí se ha acompañado en los hechos acciones que en la práctica llevan un poco más de tiempo que en los papeles", aseguró. Y dijo, categórico, "si alguien no está conforme con mi actuación puede acudir a la Corte, pero si yo hubiera incumplido de seguro que la Corte misma me habría relevado de este cargo". Y aclaró, "esta obra es faraónica, vastísima, y necesita tiempo. Todavía no hace un año que se comenzó con el plan. Como juez quiero velar porque el Riachuelo se limpie realmente en vez de pedir imposibles".
Por su parte, a través de un comunicado de prensa, ACUMAR explicó que tiene plazo hasta fines de este año para la ejecución de obras. También aseguró que en su página están publicadas las acciones realizadas hasta el momento que y que éstas incluyen: convenios con ocho municipios para la limpieza de arroyos y la puesta en marcha del Programa de Reconversión Industrial que impulsa que las empresas sustituyan su tecnología obsoleta y eviten ser declaradas agentes contaminantes.

Claves
1. En julio de 2004 un grupo de vecinos de Dock Sud y La Boca pidieron a la Justicia que ordenara el saneamiento del Riachuelo.

2. En setiembre de 2006 la Corte Suprema, en un fallo histórico, obligó a la Nación, la Provincia y la Ciudad a que presentaran un plan para recuperar la cuenca.

3. En 2007, la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti presentó un plan, pero que recibió críticas de especialistas de la UBA.

4. El 8 de julio pasado, en otra decisión inédita, la Corte fijó un cronograma que debían cumplir los tres Estados a través de la ACUMAR. Entre otras cosas, exigía planes para combatir el riesgo sanitario, fechas para presentar informes de contaminación y ponía plazos para erradicar basurales clandestinos.

5. El 12 de agosto fue presentado el Cuerpo Colegiado, formado por la Defensoría del Pueblo y cinco ONG, encargadas de monitorear el avance del plan de saneamiento