El Cuerpo Colegiado encargado de controlar el plan de saneamiento del Riachuelo denunció ayer el incumplimiento de las actividades previstas en esa cuenca, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia fue dada a conocer en una conferencia de prensa realizada al mediodía en la Vuelta de Rocha, en el barrio de La Boca, donde se detallaron incumplimientos a la sentencia del Máximo Tribunal, dictada el 8 de julio de 2008.
"La no inspección de las industrias de la Cuenca; la ausencia de planes de reconversión para las empresas contaminantes; la inexistencia de controles ambientales periódicos de la calidad del agua y el aire y de la salud de los pobladores de las zonas ribereñas", fueron algunos de los reclamos.
Además, se denunció "la falta de ejecución de las obras indispensables para proveer de cloacas a los municipios de la cuenca y darles adecuado tratamiento a sus residuos domiciliarios así como la ausencia de medidas para atender la emergencia habitacional de las personas que viven sobre basurales".
Otro de los reclamos estuvo referido al pedido de que "ACUMAR cumpla con su obligación de poner a disposición del público un sistema de información pública que permita medir el avance en el cumplimiento de los objetivos que fijados por la Corte, mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente de la cuenca y prevenir el daño futuro".
El Cuerpo Colegiado exigió que "en forma urgente se establezca una meta de reducción al 50 por ciento de un grupo de contaminantes industriales prioritarios (cromo, plomo, cadmio y mercurio) para el año 2015, como paso previo al objetivo de "vertido cero" establecido para el año 2020".
Al respecto, la denuncia destacó que el reglamento para la determinación de las industrias y establecimientos que sean identificados como Agentes Contaminantes dictado por la ACUMAR "carece de bases ambientales sólidas", "no contempla el control de metales pesados que hoy contaminan la cuenca" y "exime del control a la empresa AySA, a pesar de que es la mayor aportante de vertidos" a un promedio de dos metros cúbicos por segundos.
En este sentido, el Cuerpo Colegiado solicitó el dictado de un nuevo reglamento a la ACUMAR, que se adecué a las obligaciones establecidas en la sentencia dictada por la Corte Suprema.
A su vez, se impugnó lo actuado por el Estado en materia de prevención y eliminación de los basurales a cielo abierto asentados sobre los márgenes de la Cuenca, de soluciones habitaciones para las personas que viven sobre los basurales, y de diagnóstico sobre la situación sanitaria de los pobladores.
Por último, los encargados del control de las obras de saneamiento del Riachuelo mostraron su preocupación por "la ausencia de mecanismos de consulta y participación de los residentes de la cuenca en el diseño e implementación de políticas".
El Cuerpo Colegiado está integrado el Defensor del Pueblo de la Nación y un grupo de cinco organizaciones integradas por Asociación Vecinos de La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).